Los trabajadores de la empresa cuprífera más grande del mundo, la estatal Codelco, de Chile, están otra vez en huelga general con ocupación de minas, corte de carreteras y manifestaciones callejeras, reprimidos violentamente por los Carabineros de Michelle Bachelet. La huelga entró en su segunda semana. Así se reanuda el conflicto postergado desde el fin de la huelga de agosto del año pasado, que duró 37 días e hizo perder más de cien millones de dólares a la compañía. Aquel conflicto terminó en victoria, pero Codelco no cumplió uno solo de los compromisos que se vio obligada a firmar entonces.

La huelga de 2007 constituyó una victoria estratégica porque perforó la base de la legislación laboral pinochetista, sostenida luego por todos los gobiernos de la Concertación, incluido el actual: la subcontratación de trabajadores, los contratos basura. Codelco, por ejemplo, tiene 32 mil trabajadores "tercerizados", impedidos hasta el año pasado de discutir directamente con la patronal sus condiciones de trabajo porque, según aquella legislación dictatorial, deben hacerlo con alguna de las casi mil compañías subcontratistas que trabajan para Codelco, muchas de las cuales son sellos creados por la propia cuprífera para fraguar el vínculo laboral.

Apenas la fuerza de la huelga la obligó a firmar el compromiso de terminar con esa estafa a los trabajadores, la empresa acudió a los tribunales para desconocer el acuerdo que puso fin al paro. Desde entonces, todo siguió como antes y por eso la huelga se ha reanudado.

La respuesta patronal, la del gobierno, es brutal. Codelco opone al paro obrero una suerte de lock-out, desconoce explícitamente sus relaciones contractuales con esos 32 mil obreros, se niega a negociar con ellos y ha iniciado demandas penales contra los dirigentes huelguistas por "daños a la propiedad, robo, sustracción de especies y retención ilegal de personas" (Efecom, 18/4).

Para completar la dureza patronal, Bachelet ha enviado a Carabineros, su policía militarizada. Ya hubo choques muy violentos entre trabajadores y policías en el acceso a la mina El Teniente, 80 kilómetros al sur de Santiago. Allí, la represión sólo logró desalojar momentáneamente la ruta, puesto que después de un corto repliegue los mineros la recuperaron.

También se reprimió en la mina El Salvador, donde los gases arrojados por la policía obligaron a suspender las clases en la localidad de Diego de Almagro, unos mil kilómetros al sur de la capital. Ahí hubo, además, cinco trabajadores detenidos.

El Teniente sigue ocupada por los mineros; en Ventanas, la adhesión a la huelga es del 90 por ciento; en El Salvador, del 100 por ciento y están cortadas las rutas de acceso al igual que en Calama, donde también reprimió Carabineros. Andina está totalmente paralizada y sus 2.500 trabajadores cortan los ingresos, de modo que no hay subida ni bajada de camiones.

Pero cumplidos diez días de huelga, los mineros anunciaron la radicalización de las medidas, con la organización de movilizaciones y manifestaciones en las poblaciones. A las reivindicaciones iniciales, Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), que agrupa a los subcontratados, acaba de agregar la exigencia de la renuncia de José Arellano, presidente de Codelco. Arellano viene repitiendo desde el primer día que la empresa no negociará con los huelguistas.

La patronal Cámara de la Producción y el Comercio expresó su temor a que "la huelga pueda contagiar a la minería privada" (Argenpress, 23/4).

El conflicto del año pasado produjo fisuras en el frente oficialista. La historia vuelve a repetirse. El ministro de Trabajo, Osvaldo Andrade, anunció que la huelga terminaría "pronto"; inmediatamente, uno de los directivos de Codelco lo desmintió: "lamento desmentir al ministro (…) el conflicto está lejos de tener un final feliz en el corto plazo" (La Segunda, 25/4). Quebrando la "línea oficial", Andrade reclamó que Codelco negocie directamente con los huelguistas (Radio Cooperativa, 26/4). Un día antes, la misma Radio Cooperativa (25/4) informa que el gobierno ha "aislado del conflicto" a los ministros Andrés Velasco (Hacienda) y Andrade (Trabajo) "quienes tienen posturas encontradas en la materia" respecto de la política oficial: no negociar con los huelguistas y llevar a una huelga larga que derrote a los mineros por el hambre, el cansancio y la represión.

La fuerza de la huelga, y la dureza empresarial-gubernamental, están a la altura de lo que se juega: un pilar de la superexplotación obrera bajo la extendida forma de la "tercerización".

Alejandro Guerrero