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10/9/2009|1099

¡En los medios K y en Clarín, la libertad de expresión no existe!

Libertad de “comunicación”? En la agencia de prensa oficial, Télam, nada sale sin censura y regimentación. La persecución y represión de los reclamos laborales de los periodistas de Télam no tiene precedentes en los gobiernos posteriores a la dictadura militar. El clima en la agencia estatal de noticias es irrespirable. Una situación parecida se vive en Radio Nacional, donde las autoridades del Sistema Nacional de Medios Públicos suspendieron por 30 días a un grupo de trabajadores que participó de un paro y se pretende mandarlos a la cárcel imputándoles la comisión de un delito federal. En Canal 7, en tanto, son levantados los programas que osan deslizar alguna crítica a la gestión gubernamental, como ocurrió con el periodista Víctor Hugo Morales.

Del otro lado del ring, en el Grupo Clarín se ejerce una dictadura laboral, donde está prohibida la organización gremial de los trabajadores, reina el trabajo en negro, el abuso de los pasantes, los despidos y el congelamiento salarial. El Grupo ha desconocido un reciente fallo de la Justicia que lo obligó a reincorporar a dos delegados de Canal 13, despedidos el año pasado por intentar organizarse sindicalmente.

No es casual, entonces, que ambos contendientes sostengan una coincidencia estratégica fundamental: la negativa absoluta a mencionar, siquiera, el Estatuto del Periodista Profesional. Sólo si se cumpliera el artículo 64 del Estatuto, ningún medio del Grupo Clarín podría recibir un solo centímetro o segundo de publicidad oficial, ya que ahí se prohíbe pautar en revistas, periódicos y órganos de difusión que no estén “en pleno cumplimiento de la legislación social que ampara los derechos del periodista profesional”. Lo curioso es que tampoco la podría recibir Télam, que sin embargo es quien la distribuye.

El artículo 13 del Estatuto determina para los trabajadores de prensa algo que el gobierno tampoco cumple: “el libre tránsito y el libre acceso a las fuentes de información y a las dependencias del Estado en cualquiera de sus jurisdicciones”. El Estado de las leyes y decretos secretos, de los gastos reservados y el espionaje y la conspiración cotidiana contra el pueblo prefiere ignorarlo.

El gobierno y la oposición patronal se cuidan de mencionar el Estatuto porque es un arma de los trabajadores de prensa contra las patronales en su lucha por el salario, las condiciones de trabajo y la libertad de expresión.

Llamamos a los trabajadores de prensa a abrir una gran deliberación, en particular en los lugares de trabajo, en la perspectiva de avanzar en jornadas y plenarios abiertos de discusión que reúnan a los compañeros del gremio para fijar un programa de intervención independiente en esta crisis.

Leonardo Villafañe (La Naranja de Prensa)