En la investigación del crimen de Mariano Ferreyra poco podía hacer la querella, cinco meses después, tras presentar la prueba en su poder, haber declarado todos los compañeros de Mariano y haber acreditado que la empresa Ugofe licenció a casi 100 trabajadores de los Talleres de Remedios de Escalada para que asistieran a las vías el día del crimen. Habían quedado firme los procesamientos de los ocho primeros imputados.

En febrero del 2011 la causa seguía blindada a pesar de haberse levantado el secreto de sumario. Aun no se lograba acceder al registro de las intervenciones telefónicas que venían realizándose. Lo mismo con los resultados de los allanamientos en la Unión Ferroviaria y en el domicilio de Pedraza. Esto impedía que la querella pudiera avanzar en sus acusaciones contra el resto de los implicados, cuando se rumoreaba la posibilidad del pedido de detención de José Pedraza.

El Partido Obrero decidió poner el reclamo de justicia en la calle y el 21 de febrero las principales ciudades aparecieron afichadas con un cartel con la consigna “Cárcel Ya a Pedraza”.

El 22 de febrero, en su departamento de Puerto Madero de más de un millón de dólares, es detenido el secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. Al mismo momento, en Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires, detienen el segundo en la jerarquía de la Unión Ferroviaria, Juan Carlos “Gallego” Fernández. Por la tarde se suma la detención del delegado ferroviario Gustavo Alcorcel.

La detención de Pedraza provoca la reacción de la burocracia sindical. La Unión Ferroviaria denuncia una campaña de “linchamiento mediático” y se declara en “estado de alerta y movilización” por la “injusta detención sin razones valederas de sus dirigentes”.

El 23 de febrero se reúne la cúpula de la CGT para discutir la detención de Pedraza y Fernández, y la burocracia de la Unión Ferroviaria libera lo molinetes del ferrocarril Roca en señal de protesta.

Al día siguiente, la Unión Ferroviaria emite un comunicado en el que repudia la detención de sus dirigentes y convoca a un paro de sus trabajadores para el 25 de febrero. El texto lleva las firmas del secretariado nacional del gremio, Guillermo D’angella y Raúl Castellano, ambos también jerárquicos de la cooperativa Unión del Mercosur -contratista de Ugofe y patronal de los tercerizados del Roca. El paro duró hasta el mediodía.

A principios de febrero, en un allanamiento en la vivienda de José Pedraza, se encontraron documentos que lo vinculaban a la cooperativa de trabajo Unión del Mercosur, los que daban cuenta de la contratación en circunstancias de precarización laboral de los tercerizados ferroviarios, quedando acreditada la vinculación directa con la Unión Ferroviaria.

Estas detenciones no agotaban las responsabilidades. Aún no se había tocado la connivencia de la Policía Federal, que liberó la zona para que pudiera actuar esta patota criminal, y mucho menos la complicidad del concesionario ferroviario, la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), quienes ya se sabía habían otorgado permisos y licencias gremiales a muchos de los integrantes de esta patota el día que mataron a Mariano.

La prueba fundamental que incriminaba a Pedraza y al “Gallego” Fernández fue los intercambios telefónicos que mostraron que ambos supervisaban desde el congreso de Latín Rieles -que se efectuaba ese día en la sede ferroviaria en Constitución- a la patota asesina, comunicándose con Pablo Marcelo Díaz, quien dirigió el ataque de la patota contra los tercerizados y militantes que los acompañaban en Barracas, asesinando a Mariano e hiriendo gravemente a Elsa Rodríguez.

En ese congreso los dirigentes de la Unión Ferroviaria habían compartido escenario con el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Tres años después, este funcionario, en el juicio oral deslindo toda su responsabilidad en una funcionaria “con mucha experiencia” Graciela Cavazza. Esta funcionaria efectivamente se comunicó varias veces con el “Gallego” Fernández en la mañana, temprano, para preguntarle “si estaba garantizado el servicio”. Dijo hacerlo por orden expresa de Schiavi. Es poco creíble que un par de horas después, cuando monitoreaban el plan criminal, Fernández y Pedraza, en el mismo lugar que Schiavi, no hayan tocado el “tema” de los tercerizados y las dificultades en el servicio de ese día. Atado a su silencio, Schiavi, en esta oportunidad, zafó de su responsabilidad.

José Pedraza, quien desde 1985 estaba al frente de la Unión Ferroviaria, y uno de los “los Gordos” en la CGT, no recuperará su libertad y morirá privado de ella. Eso sí, su última prisión será un lujoso departamento en el barrio de Palermo, cuando ya condenado se le otorgaría su prisión domiciliaria en febrero del 2016.

Ese martes 22 de febrero, su carácter de legendario y poderoso sindicalista había terminado.

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