UNA REPRESIÓN CÍVICO-POLICIAL

La represión que el lunes 18 se desplegó contra los estudiantes de la Fuba que repudiaban la asamblea universitaria reaccionaria tuvo características muy particulares. No fue, simplemente, una represión policial. Fue un operativo represivo armado, planificado y acordado entre las autoridades universitarias y el gobierno. La patota de Hallú pactó con la patota de Alberto Fernández el montaje de un escenario represivo que les permitiera llevar adelante un acto ilegal, antiestatutario y antipopular. Fue una suerte de golpe de Estado cívico-policial contra la Fuba, contra la Universidad y contra el pueblo trabajador.

Como parte del acuerdo entre Hallú y Fernández, la Policía Federal estableció, desde el sábado a la mañana, un perímetro con vayas alrededor del Congreso cortando más de cuatro calles. Semejante antelación, adujeron, respondía al informe de los `servicios` que señalaban que la Fuba acamparía desde el mismo sábado a la noche. Pero era público y notorio que la Fuba no había convocado a ningún acampe; el cerco era, antes que nada, un operativo de amedrentamiento al movimiento estudiantil.

El lunes 18, mil efectivos policiales tomaron parte del operativo cívico-policial.

Los asambleístas que estaban en la conspiración se reunieron en sus respectivas facultades; allí los esperaban micros que, debidamente custodiados por la Federal, los trasladaron hasta la estación Piedras (cerrada al público) del subte A. Así llegaron al Congreso.

Pero a la salida del subte, dentro de las vallas policiales, los esperaba un piquete conformado por los asambleístas de la Fuba. Para garantizar que sus asociados en la conspiración pudieran entrar al edificio, los uniformados atacaron violentamente a los asambleístas de la Fuba. A Gustavo Cutillier, consejero directivo de Sociales y militante de la UJS, le fracturaron una mano a golpes. Dentro del edificio, la policía y la patota radical volvieron a cargar contra los estudiantes. Hasta los propios decanos participaron en la golpiza.

Fue una acción de este fascista. Apelando a estos métodos cívico-policiales, lograron armar una ficción de asamblea. Para hacer la Asamblea, ordenaron al personal de seguridad que sacara del Salón Azul a los asambleístas estudiantiles. No hubo debate; hubo golpes. No hubo votación; hubo una patoteada. Así consumaron el golpe de estado en la Universidad.

Afuera se desataba la represión. La Policía arremetió contra los estudiantes con camiones hidrantes y gases. Varios compañeros recibieron balazos de goma. Muchos otros sufrieron quemaduras producidas por el gas pimienta. Algunos decanos habían declarado que no sesionarían si había represión. Sesionaron igual, lo que no tiene nada de sorprendente. La represión al movimiento estudiantil formaba parte del paquete que habían acordado Hallú y Fernández.

Fueron detenidos siete compañeros. La forma escandalosa en que fueron tratados confirma que el pacto represivo se extendió a la justicia. Se los mantuvo incomunicados como si fueran delincuentes peligrosos; se demoró intencionalmente su liberación. Se les ha iniciado causas penales por resistencia a la autoridad, lesiones y daños. Un piquete estudiantil estuvo en los tribunales y en las sedes policiales hasta que recuperaran su libertad.

Quien sube con la patota, está obligado a gobernar con la patota. Los grupos de seguridad privada que operan en las facultades serán la fuerza de choque de Hallú y compañía contra el movimiento estudiantil. Tienen como “reserva” a la patota de la burocracia no docente.

Varios comentaristas compararon la represión del lunes 18 con la “noche de los bastones largos” del 66. En realidad, la represión kirchnerista es más grave que la de Onganía: esta vez, fueron las propias autoridades universitarias las que pactaron con la policía la represión del movimiento estudiantil.

Exactamente a tres meses de la desaparición de Julio López, los decanos y el gobierno se unieron para apalear a uno de los movimientos que se ha movilizado consecuentemente por su aparición con vida.

 

G.S.