El 22 de octubre de 2010, los militantes del Partido Obrero comienzan a declarar ante la jueza Wilma Susana López, que toma la instrucción de la causa al existir ya imputaciones concretas: la de Pablo Marcelo Díaz y Cristian Favale. La investigación es declarara en secreto de sumario, aunque los medios publicarán todos los días datos claves de la investigación.

El equipo de abogados del Partido Obrero presentó 30 militantes testigos de los hechos y numerosos videos de los propios manifestantes.

Las detenciones comenzaron el 23 de octubre, con Pablo Marcelo Díaz, mano derecha del secretario de Administración de la Unión Ferroviaria, Carlos “El Gallego” Fernández, y dirigente de la Unión Ferroviaria desde el cuerpo de delegados del ferrocarril Roca. Fue señalado como jefe de la patota sindical que enfrentó a los tercerizados y las fuerzas políticas que los acompañaban, entre las cuales estaba el Partido Obrero y en sus filas Mariano y Elsa.

La defensa de Pablo Díaz, de parte de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria, fue corporativa: declararon un paro el 24 de octubre, que afectó el servicio de la Línea Roca hasta el mediodía, cuando el Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada dictó la conciliación obligatoria. Esta defensa, sin embargo, dejaba al desnudo que Díaz no era un loquito suelto, sino que su accionar era orgánico y funcional a la conducción de la Unión Ferroviaria.

La reacción de la presidenta Cristina Kirchner fue de enojo ante la protesta gremial, pero sin perder esta nueva oportunidad para igualar la acción de los burócratas con la lucha de los compañeros de Mariano. A través de su cuenta de Twitter criticó la huelga y lamentó que “como siempre los extremos se tocan, esa historia es vieja y demasiado conocida” y reclamó: “Dejen trabajar a la Justicia sin presiones ni extorsiones”.

Detienen al tirador

El 24 de octubre, cercado por la policía, Cristian Favale se entregó a la Policía Federal y quedó detenido. Su nombre no había aparecido solo por la declaración de Jesús Benítez, “el arrepentido”, además se habían receptado dos llamadas al 911 que acusaban a Favale de haber “agujereado la panza del pibe de Barracas”.

Una foto de Favale abrazado a Amado Boudou vinculó a la barrabrava de Defensa y Justicia a contactos del intendente de Florencio Varela, el kirchnerista Julio Pereyra, quien había organizado la peña en que se produjo dicha foto.

En los cuatro días que pasaron, desde el crimen hasta su detención, se comunicó con los policías “amigos”, primero para averiguar si había sido vinculado al crimen y luego para pedir ayuda, directamente.

El sargento Alejandro Tocalino, de la policía de Quilmes, declaró en el juicio que Favale lo llamó y le dijo que “había estado en el lugar del hecho y que le pidió que le avisara si se enteraba ‘algo’ sobre su persona en el marco de la investigación por el asesinato”. El solo contenido del diálogo revela que la confianza con el policía era lo suficiente para que no pensara que lo iban a entregar.

Los contactos con la policía surgían de su carácter de barrabrava del Club Defensa y Justicia, como lo declaró el comisario Héctor Fernando González, de Florencio Varela. Las escuchas entre González y Favale, leídas en el juicio, muestran al barrabrava pidiéndole a su policía “amigo” apoyo y garantías para entregarse.

El mismo día del asesinato de Mariano Ferreyra, el subcomisario de Florencio Varela, Walter Romero, relató ante los jueces que nueve hombres fueron detenidos en un control policial en dirección a Avellaneda, ese día. Estaban en un Renault 19 y dijeron que iban a un acto político. “Me llamó Favale y me pidió ayuda para que los dejaran ir, como no podían seguir nueve en un auto se esperó que llegara él en un Corsa y siguieron viaje en dos autos”.

Esta detención de los barrabravas, que lo acompañarían a participar en el ataque de la patota sindical, retrasó al asesino en su cita criminal, por eso Alcorcel -el hombre pelado que secunda en la foto sobre las vías a Pablo Díaz- lo llamo desde media mañana insistentemente y fue a recibirlo cuando llegó a las vías, cuando la patota ferroviaria ya se encontraba ubicada en Barracas después de haber atacado, minutos antes con piedras, a los manifestantes.

En los días que pasó escondido, Favale trató de comunicarse con desesperación con Pablo Díaz, quien no devolvió sus llamados, contactándose finalmente con el hijo del delegado de la Unión Ferroviaria al que advirtió por teléfono “Si yo caigo, caen todos conmigo”.

Sus llamados siguen. Le pide a un delegado del ferrocarril hablar urgentemente con Pablo Díaz. “Me allanaron la casa, es urgente, pásame con él”, insiste. Su interlocutor le aconseja “Vos quédate tranquilo que no vas a quedar tirado”. “Acá se viene una grosa. Están diciendo que van a ir a buscar uno por uno [en referencia a la pista de la patota]”, de nuevo Favale. La respuesta fue clara: “Vos guárdate y si tenés mala leche de que te agarren, quédate callado y tranquilo hasta que pinte un abogado”, le responde el delegado de los ferroviarios, Giusti. Un día después hay un nuevo llamado para informar a Favale que le consiguieron un abogado, una señal de que ya era hora de entregarse a la Justicia.

Antes de entregarse, Favale ya está convencido que él será el chivo expiatorio. Ha trascendido que hay un testigo que lo ha señalado con sus datos completos. Tal vez porque no tiene dudas que se trata de un ferroviario, antes de entregarse da una entrevista al diario Clarín, donde dice que no tenía nada que ver con la barrabrava de Defensa y Justicia y que entregaría a la jueza el nombre del autor del disparo que mató a Mariano Ferreyra.

Lo primero que declara en su indagatoria es que quien tiro tiene un payaso tallado en su brazo y es un ferroviario.

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