Primera parte

La investigación, por separado, de la segunda pata del crimen de Mariano Ferreyra de la responsabilidad policial respondía a la necesidad política del gobierno Kirchnerista de encubrir su lugar al frente de la fuerzas de seguridad en el crimen.

Esta resistencia fue quebrada mediante la movilización popular y la denuncia pública de cada una de las maniobras dilatorias.

Se intentó dejar en instrucción la causa, mientras José Pedraza y la patota iban a juicio. Finalmente, la unificación de la causa de Pedraza y su patota con las imputaciones a los policías involucrados en un mismo juicio respondió a la acción conjunta de las querellas que forzó a la Fiscalía a requerir también dicha unificación.

Para Aníbal Fernández -en ese momento jefe de Gabinete de ministros y responsable político de la Policía Federal- la actuación policial había sido “impecable”. Por su parte, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Nilda Garré, proporcionó a los policías asistencia jurídica gratuita durante todo el año posterior al crimen de Mariano, hasta que el Partido Obrero hizo pública esta situación y decidieron retirarle dicha asistencia.

Durante el juicio emergió con claridad la absoluta responsabilidad operativa de los jefes comisarios Mansilla, y Ferreyra que, a su turno, habían intentado transferirla al fallecido Premuda, al quedar acreditado el trabajo premeditado y sistemático de los efectivos policiales para permitir la arremetida de la patota contra los militantes y tercerizados y después tolerar, sin intervención alguna, los disparos criminales y, finalmente, su fuga y el ocultamiento de las armas empleadas.

La planificada “liberación” de la zona se apreció también en la negativa a filmar los hechos -habiendo un efectivo dispuesto para esa tarea en el lugar- y en la eliminación de las grabaciones telefónicas entre los efectivos y sus jefes, que correspondían al preciso momento del crimen, mostrando la participación policial en el plan criminal que dio fin a la vida de Mariano.

Las condenas a los policías finalmente limitarán su participación a una acción marginal de los comisarios de la División Roca, sin relación con una orden institucional.

Los comisarios de la División Roca, Mansilla y Ferreyra, fueron condenados a 10 años como partícipes necesarios, una pena menor a la que recibieron el resto de los condenados con la misma figura penal. Se absolvió, en relación con el homicidio y la tentativa de homicidio, a todos los policías de la Dirección General de Operaciones, a los cuales sólo se responsabilizó penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, con una pena de dos años en suspenso. Al camarógrafo Villalba le tocó solo la multa y una inhabilitación. El subcomisario Garay, responsable de los patrulleros de la seccional 30ª, y presente en el lugar, que permitió el retiro de la patota, es lo absuelto de toda responsabilidad.

El poder del Estado pudo limitar pero no impedir que los funcionarios fueran condenados. Se trató de una política de reducción de daños. No importan los hombres, el objetivo es salvaguardar las instituciones represivas del Estado.

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