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13/3/2008|1029

La masacre de Dolores | Las rutas en manos de empresarios criminales

“A la hora del accidente, el chofer Javier Rodríguez debía estar descansando en vez de manejar el micro de El Rápido Argentino, según coincidieron en remarcar en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y en la Unión Tranviarios Automotor (UTA)” (Clarín, 10/3).
Rodríguez y su compañero, de apellido Garófalo, habían salido el sábado 8, a las dos de la tarde, desde San Miguel hacia Mar de Ajó. Allí, apenas la unidad fue reabastecida, volvieron a partir a las 22:50. A las dos y media de la madrugada del domingo 9, cuando hacía diez horas y media que conducían de continuo, pasaron las barreras bajas del cruce ferroviario de Dolores en la ruta 63 y se produjo la catástrofe.
Cuando la formación de Ferrobaires arrasó con el micro, ya hacía media hora que los dos choferes habían concluido su jornada reglamentaria de trabajo -las extenuantes ocho horas que marca el convenio- y aún les quedaban 200 kilómetros de viaje, casi cuatro horas más.
Eso no era todo. Además, el micro había salido de Mar de Ajó con 25 minutos de atraso y obligatoriamente debía recuperarlos en la ruta, porque cualquier incumplimiento horario es multado por las empresas. Sometidos a esa presión y a ese estrés, agobiados por el cansancio, Rodríguez y Garófalo habían sido advertidos por el pasaje al menos en dos ocasiones debido a la alta velocidad que desarrollaban con ese micro de dos pisos.
Por tales cuestiones, la empresa El Rápido Argentino recibió varias denuncias en el Ministerio de Trabajo, pero esa repartición, tan amiga de Moyano y de la propia UTA a la hora de poner techo salarial en las discusiones paritarias, nada hizo.
El Rápido Argentino, conviene recordar, es un pulpo manejado operacional y financieramente por el Grupo Plaza, dueño también de las compañías Mercobus, Plaza, Plus Ultra y Dumascat, y es por tanto una de las que reciben del gobierno, todos los meses, un subsidio millonario y obsceno.
La empresa ha dicho en su defensa que nunca la CNRT la sancionó por incumplir con la ley de contratos de trabajo. Pero eso sólo habla de la CNRT que sistemáticamente hace la vista gorda ante ese tipo de cosas.
La falta de descanso de los choferes y los horarios infrahumanos que les hacen cumplir, junto con las malas condiciones técnicas de las unidades -sobreexplotación del material- son factores principalísimos, aunque no los únicos, de la carnicería en que se han convertido nuestras rutas. Añádase a eso la pésima infraestructura caminera y la expansión anárquica y descabellada del parque automotor, determinada por la voracidad de ganancia de las automotrices y no por alguna racionalidad, y se tendrá un panorama más o menos completo del desastre.
Además, se tiene el problema del estado deplorable de la mayoría de los caminos. La masacre de Dolores bien pudo producir otras, porque al cortarse la ruta 63 se recargó hasta lo insoportable la ruta 11, de reconocida peligrosidad aunque por transitar por ella se cobra un peaje carísimo.
Si se quiere dar un primer paso serio para avanzar hacia la solución de esta calamidad resulta indispensable la inmediata instauración de las seis horas de trabajo para todos los choferes, el pago por esas seis horas de un básico equivalente al costo de la canasta familiar, el control obrero de los horarios y de las condiciones de trabajo en general. Esos objetivos, como se ha visto en la lucha de Metrovías y en la Línea 60, obligan a enfrentar a la burocracia de la UTA que manda sus patotas contra los trabajadores para defender a las patronales.
Mientras tanto, la seguridad en las rutas seguirá en manos criminales.

Alejandro Guerrero