La desaparición de Jorge Julio López marca los límites insalvables de la llamada ‘política de derechos humanos’ del mentado ‘gobierno de la burguesía nacional’. Sin la disolución compulsiva de los servicios de represión y de espionaje del Estado y su reemplazo por organizaciones controladas y gestionadas por los trabajadores, no es posible acabar con la impunidad — sea de los crímenes de la dictadura como de los que cometen bajo la ‘democracia’. Es lo que desprecian olímpicamente los centroizquierdistas y la izquierda que afirman que se puede poner fin a la impunidad sin asestar golpes decisivos al aparato del Estado que ampara la impunidad, un aparato que no podría funcionar ni un momento sin proteger a los ‘servidores del orden’. Las reiteradas ‘reestructuraciones’ y ‘depuraciones’ que ha realizado Arslanián no han servido para nada, porque son incapaces, en última instancia, de quebrar (ni siquiera lo pretenden) los vasos comunicantes entre los represores que siguen conservando el título oficial y aquellos que han pasado a ‘disponibilidad’ o ‘retiro’, pero que siguen operando como guardianes privados o fuerza para-estatal. La Bonaerense 2 de Arslanián ya tiene sus víctimas de “gatillo fácil”: Hugo Krince, de Avellaneda. Después de todo, la anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final no correspondió a ninguna estrategia política sino que fue un acto improvisado del gobierno, coaccionado por los reclamos de extradición de la justicia española. La mejor prueba de esa improvisación es que constituyó un acto aislado, que debía llevarse a cabo en el marco de la justicia y los servicios de seguridad heredados de la dictadura.

Estado y democracia

La grave crisis política que plantea la desaparición de López pone de relieve también una gran anomalía de las llamadas democracias capitalistas, que combinan la elección periódica de representantes con la permanencia indefinida de una burocracia estatal, en la que se incluye por sobre todo la de seguridad y militar. Esta contradicción pone a la representación política bajo la tutela del aparato estatal. Hasta el día de hoy no ha aparecido ningún demócrata burgués que haya impulsado la elección de los puestos del aparato estatal por parte del pueblo — en especial, la Justicia, la Policía y las Fuerzas Armadas — , ni el derecho a la deliberación política en tribunales, comisarías y cuarteles.

Impotencia kirchnerista

Es significativo de la impotencia oficial que no sea capaz de ofrecer alguna noticia sobre López cuando ya han pasado diez días de lo que todo indica ha sido un secuestro. O sea, que el ‘Estado kirchnerista’ no ha desarrollado ningún ‘trabajo de inteligencia’ sobre las fuerzas ‘exoneradas’ ni sobre aquellos que reputa como sus peores enemigos — salvo, claro, haber metido una cámara oculta en un prostíbulo de Mar del Plata o haber tirado una carpeta oculta de su ex socio Juan J. Alvarez. Lo que, por el contrario, es seguro es que la llamada ‘mano de obra desocupada’ tiene un vasto trabajo de infiltración en las instituciones oficiales. La inseguridad que acosa cotidianamente a la ciudadanía, en especial en las barriadas populares, es responsabilidad, en primer lugar, de los organismos de seguridad. Reforzarlos, como plantea Blumberg (con Castells sobándole el cuello), es agravar la vulnerabilidad del pueblo.

Felices Pascuas

El secuestro de Jorge Julio López, cuando aún debe ventilarse la apelación del caso del asesino serial Etchecolatz, es una advertencia al pueblo, pero en primer lugar al gobierno y a los jueces. Los parapoliciales no están en condiciones de tomar el poder, ni tampoco lo pretenden; para ellos se trata de forzar al gobierno y a una parte del aparato del Estado a un compromiso. Estamos ante una modalidad modificada del levantamiento de Rico en 1987, que impuso un compromiso a Alfonsín en el fin de semana ‘famoso’ de pascuas; en el caso actual, López sería entregado a cambio de un canje político y de algunas cabezas en la gobernación bonaerense. El hecho de que Kirchner hubiera demorado casi una semana en reconocer públicamente la desaparición de López, y de que no haya encabezado ninguna movilización popular contra la ‘maldita policía’, es un indicio claro de que está abierto a una negociación. Pocos parecen haber advertido de que Kirchner es un ‘presidente popular’ que le tiene asco a las movilizaciones populares.

Encrucijada oficial

Pero una variante de compromiso convertiría al de Kirchner en un gobierno títere. Kirchner ha, incluso, ‘reprendido’ a Solá por referirse al secuestro como “una desaparición”, en una caracterización que, a lo sumo, revela que Solá tiene una conciencia mayor de la crisis que su propio tutor, el cual creería que podría ‘despegarse’ de un derrumbe del bonaerense. Las organizaciones cooptadas por el kirchnerismo se han sumado a la ‘prudencia’ del Presidente en la calificación del secuestro que no quiere calificar, y a la línea de compromiso que ha elegido, como surge del hecho de que rechazaron, de todos los modos posibles, una movilización popular única con la izquierda, las federaciones universitarias, los sindicatos combativos y los movimientos piqueteros. Blumberg y Castells han aprovechado esta ‘parcialización’ de las movilizaciones previstas, para mofarse de la ‘promesa’ que habían hecho, un par de horas antes, de sumarse a una movilización callejera por la “aparición con vida” de J.J. López y el “juicio y castigo a los culpables”.

Gobierno de camarillas

La crisis desatada por la desaparición de López puso al desnudo, de un modo incluso sorprendente, a un gobierno de camarillas. Mucho antes de cualquier clarificación del hecho, que por otra parte aún no se ha producido, la desaparición desató una reyerta entre el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el gobernador de la provincia, Felipe Solá, que se disputan la candidatura en la provincia para 2007. En el entrevero se infiltró la vieja reyerta entre Carlotto y Bonafini, la primera porque quiere la reelección de Solá, la segunda porque tiene preferencias diferentes. El ‘gobierno fuerte’ del 60% de la intención de votos, dejó al desnudo una debilidad extrema; fuera de la provincia de Buenos Aires, y aun en la mayoría de los municipios, esta ‘interna’ de camarillas es todavía más feroz (incluso involucrando casi siempre a las fuerzas de seguridad). Este es otro aspecto que refuerza la vulnerabilidad oficial frente a los parapoliciales.

La crisis y el imperialismo

En la presente crisis política se cruzan muchos otros factores, que en el caso de que no hayan llegado a ser determinantes de esta situación, no dejarán de serlo de aquí en más. Los capitalistas, que quieren piedra libre frente al intervencionismo estatal (porque la mayor demanda en los mercados internacional y nacional refuerza su posición para fijar precios); los pulpos de la energía y de los hidrocarburos, que quieren también piedra libre en este sector estratégico y poner fin, por sobre todo, a los devaneos nacionalistas de Evo Morales; el gobierno de Bush, que mientras hace operaciones militares con Argentina en Panamá exige que Kirchner aísle al gobierno de Chávez. Los capitalistas y el imperialismo no operan solamente en las reuniones públicas y en los banquetes; lo hacen, más que nada, por medio de actividades clandestinas y de espionaje. Tienen lazos estrechos con los servicios de seguridad oficiales, por tradición y porque reclutan allí a sus servicios de seguridad privados. La CIA no necesita el permiso de Kirchner para ‘trabajar’ con sus ‘colegas’ del sur. El imperialismo y el capital han identificado hace mucho a la ‘inseguridad’ como ‘un talón de Aquiles’ de los gobiernos democratizantes de las naciones periféricas. Ahí está su manejo de Blumberg para testificarlo. Pueden instrumentar una crisis de seguridad o explotarla en su beneficio. La lista de reclamos al petulante gobierno de la ‘burguesía nacional’ es larga.

La adopción de una línea de compromiso, por parte de Kirchner, no solamente significaría una segunda ‘obediencia debida’ con las variantes del caso. También implicaría un compromiso con el imperialismo en los puntos que están en discusión, y esto mucho antes de que se vaya Bush. No es casual que haya ido a tocar la campanita a Wall Street. El ‘entendimiento’ con el sucesor de Bush, lo ha prometido hasta Chávez. Esta crisis de conjunto tiene lugar cuando todos los gobiernos ‘progresistas’ de América Latina queman sus últimos cartuchos, como es el caso de Lula, al que todos los observadores le vaticinan un segundo mandato explosivo; el caso de Tabaré Vázquez, en camino al libre comercio con EEUU; el caso de Evo Moráles, buscando un compromiso con las petroleras y la derecha en la nacionalización y la Constituyente; o el caso de Bachelet, a quien le toca sufrir todas las huelgas que no ocurrieron con sus predecesores.

Nuestra política

Nos encontramos nuevamente ante una conspiración de servicios paralelos derechistas, que actúan con la connivencia del aparato estatal; y del otro lado, con un gobierno capitalista que reacciona buscando un compromiso, no solamente con la derecha sino con los reclamos del conjunto del capital y del imperialismo. La táctica del Partido Obrero será la de denunciar y atacar la conspiración derechista; mostrar sus lazos con el aparato estatal; mostrar el fracaso de la falsa política de derechos humanos del gobierno; y denunciar, por sobre todo, la tendencia al compromiso del gobierno con sus enemigos ocasionales. Nuestro planteo es: aparición con vida y castigo a los culpables; disolución de los aparatos represivos y desmantelamiento de la burocracia estatal; gobierno de consejos y asambleas populares; por una alternativa obrera y socialista.

Por Jorge Altamira