Los docentes universitarios ya llevamos seis días de paros desde que comenzaran las clases. Desde que el 23 de enero, cuando la Conadu Histórica presentó su pliego de reivindicaciones, el gobierno no hizo ninguna oferta formal. Por segunda semana consecutiva, no se presenta a la mesa de negociación salarial porque estamos de paro. La bronca crece y se expresó en el enorme paro en todas las universidades el 17 y 18 de abril, el más grande desde la huelga general de 2005.

Se ha profundizado la lucha universitaria, al calor del rechazo de ConaduH y de todos los sindicatos de base al tope oficial del 19,5% con cuotas hasta enero de 2009. Esto junto al fuerte reclamo y movilización por el desplome de la infraestructura para evitar otro Río Cuarto.

En la UBA, la lucha se vio fortalecida por el triunfo de la unidad docente estudiantil con AGD y la Fuba a la cabeza, que tras 21 días de ocupación del CBC de Merlo evitó su cierre, y por la obtención de la personería gremial por parte de la Conadu Histórica, tras ocho años de proscripción, todo lo cual fortaleció la movilización.

La dirigencia de la Conadu-Flamarique y la Fedun (engendro divisionista-kirchnerista en la UBA) van al acuerdo en cuotas. Van por una universidad enseñadero sin nomenclador ni investigación. Van por un salario con sumas en "gris", con nuevos adicionales remunerativos y no bonificables, más plus por títulos avalados por la Coneau que rompan la igualdad del salario y generen demanda para sus posgrados arancelados. Como perros guardianes del trabajo precario, no reclaman un mango más para los ad-honorem y avalarán una comisión de apoyo a la ley Cristina contra la autonomía y el movimiento universitario.

Con todo, la negociación no se ha cerrado. La patronal está golpeada y dividida. Algunos rectores se oponen al nomenclador vigente y se declararon a favor de las medidas de fuerza. Debemos consolidar nuestra conquista contra el trabajo precario con más fondos destinados expresamente a rentar ad-honorem y terminar con modalidades precarias. Las contrapropuestas del Ministerio de Educación o los rectores tienen que ser discutidas por las bases. Las asambleas generales de todo el país deberán otorgar los mandatos.

En las asambleas generales de distintas universidades (Buenos Aires, Centro, Tucumán, Litoral) se votó una reivindicación que no figuraba antes: cláusulas de actualización no bien el costo de vida real se dispare o volver a la mesa de negociaciones cada tres meses. Más que nunca, estamos por un salario testigo equivalente a la media canasta familiar (2.000 pesos).

Antonio Rosello