Pasadas las elecciones, el gobierno mantiene todos sus frentes abiertos. El 28 de octubre, en la Cumbre de las Américas, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó: “en salud sexual, hay discriminación educativa. El sector educativo es más conservador que el de salud. La ley es muy clara en cuanto a que se debe dar educación sexual en las escuelas. Salud cumple con su parte de la ley y Educación no. Aquí tenemos ricos y pobres en información, a algunos grupos de la sociedad hay temas de los que no les gusta hablar, no les gusta que a otros los informen. Y la educación en general no ha incorporado temas como el VIH, salud reproductiva, educación sexual”. Si bien no dio nombres, “pareció aludir a la oposición de la Iglesia Católica a la implementación de la educación sexual y a la ausencia de esa asignatura en los programas del Ministerio de Educación” (Página/12, 28/10). O sea, al ministro Filmus. Pero el choque vuelve a reflejar que el gobierno no logra articular una política que le evite conflictos con la Iglesia y a la vez le permita bajar los costos sociales y presupuestarios que tiene el embarazo no deseado. Es lógico: esa política no existe.

Días después, trascendió que el Ministerio de Salud había distribuido anticonceptivos entre chicos de 10 y 11 años en una escuela de La Plata donde hay tres nenas embarazadas. El obispo Héctor Aguer salió con gran escándalo a denunciar que “la política de Estado en materia de educación sexual promueve la corrupción sexual entre los jóvenes” y fue inmediatamente respaldado por el obispo Giaquinta, que llamó a “la desobediencia civil si el Estado perdía su razón de ser en materia sanitaria y educativa”. Giaquinta amenazó a Ginés con la misma frase bíblica de Baseotto. Las respuestas de Ginés al embate de la Iglesia comenzaron duras —“es la opinión de un fanático. Yo sé que finalmente Dios perdona, pero el sida no perdona”—, pero fueron bajando el tono.

La Iglesia también bajó el tono. Voceros de la Iglesia dejaron trascender que Aguer y Giaquinta “no representarían el ánimo de la mayoría de los obispos que participan de la Asamblea en la que se renovarán las máximas autoridades del Episcopado” porque “se contraponen con la estrategia predominante en el Episcopado en favor de buscar canales de diálogo con el gobierno. Por su parte, el gobierno está más atento a la prédica y los gestos del cardenal primado y a los pronunciamientos del Episcopado” (La Nación, 4/11). O sea que Bergoglio y Kirchner están buscando un acuerdo ‘sotto voce’.

En realidad, un sector de la Iglesia está tensando la cuerda y otro busca “canales de diálogo” para modificar a su imagen y semejanza el “modesto proyecto” (Página/12, 3/11) de educación sexual obligatoria que, consensuado por todos los bloques, fue aprobado por la Comisión de Educación de Diputados. Aunque el proyecto todavía debe recorrer un largo trámite parlamentario, la Conferencia Episcopal Argentina llamó a los legisladores a no votarlo y a ser “consecuentes con sus propuestas preelectorales, rechazando las leyes que atenten contra la familia y la juventud”.

Para conocer los límites del proyecto de educación sexual que firmó hasta la hija de Aldo Rico alcanza con leer a Marta Maffei (ARI): “para obtener el consenso, el proyecto debió ser amplio y moderado”. Si bien dispone que todos los establecimientos educativos, públicos y privados deben brindar información sobre sexualidad, “adecuada a la edad”, deja la implementación a cargo del Consejo Federal de Educación, que elaborará un proyecto básico con contenidos adecuados a cada distrito. En cuanto a la metodología de aplicación, será definida por cada escuela, con su comunidad de padres y docentes”, sostuvo Maffei (Página/12, 3/10). ¿Qué quiere decir adecuado a cada distrito? ¿Hay algún distrito libre del embarazo adolescente, de HIV o de abortos clandestinos? Todo el arco político renuncia a que el Estado imparta una educación única, pero la Iglesia va por más. Y los legisladores han dejado la puerta abierta para adecuarse a las presiones de la Iglesia… según la virulencia que éstas tengan en cada distrito.

Olga Cristóbal