Niños secuestrados por el Estado
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Las excusas son indigencia, vivienda precaria, desnutrición, maltrato, que la madre es menor. En 2005, Unicef contabilizó 19.579 menores internados —presos- en institutos estatales o privados, la mayoría confesionales. El 87% jamás cometió un delito ni fue víctima de uno -muchos son bebés-, pero algún juez los separó de su familia “por razones que tienen origen en una situación de carencia económica” (La Nación, 20/9). Pasando en limpio: 17.033 chicos fueron sacados de sus casas porque son pobres. La crisis de 2001 dio más fuerza a la rapiña: “Los casos crecieron un 37,5 por ciento entre 2001 y 2003” (Télam, 24/10/04).
Cecilia Médici, de la Asociación Vivir, afirma que “los chicos institucionalizados son por lo menos 30 mil. Pero ni siquiera hay una lista de los centros donde los mandaron. Son ‘los desaparecidos de hoy’” (periodismosocial.com). La lista no existe porque la Justicia puede entregar un chico en guarda o decidir que quede recluido por tiempo indeterminado, sin informar al Estado nacional o provincial. Alcanza con que decida que está en “situación de abandono” o en “peligro moral o material”. Como es una medida “de protección” —ni prisión preventiva ni condena—, no se respeta “el principio de legalidad penal, el principio de culpabilidad, el principio de inocencia y el derecho a un juicio previo, entre otras garantías básicas de un Estado de Derecho” (Fundación Sur). Son rehenes de la Justicia.
El gobierno de Kirchner ampara este cautiverio masivo. Cuando en 2005 se discutió la Ley de Adopción y se aprobó la de Protección de la Infancia, sus legisladores impidieron la confección de un listado nacional de chicos en condiciones de ser adoptados, lo que hubiera delatado la cantidad real de chicos recluidos en institutos y su situación.
A 3.000 pesos por pibe
“En los últimos años proliferaron los organismos privados dedicados a esta actividad” (Télam). Sólo en la provincia de Buenos Aires hay más de 12.000 internados. Medici dice que Solá “paga unos 3.000 pesos por mes por chico”, pero que la suma real está oculta detrás de múltiples subsidios. O sea que el Estado expropia a los hijos de las familias pobres —que con ese subsidio dejarían de serlo– para que las “instituciones de guarda”, vinculadas a la Iglesia, se forren a costa de ellos. Sólo Grassi “tutelaba” más de un millar de chicos. Las denuncias sobre maltratos, abuso sexual, falta de alimento, abrigo, atención médica y escolarización son sistemáticas. Y las familias denuncian que les impiden verlos y separan a los hermanos.
El segundo gran negocio son las adopciones truchas. Aunque los chicos no están en condiciones de ser adoptados, porque tienen familia, los jueces los entregan a otros, que luego se convierten en adoptantes plenos. Eso sí guardan las formas. Si no, directamente “legalizan” una adopción trucha. Por eso prefieren a los más chicos y se desinteresan por los mayores. En 2002, la psicóloga Ana Dubaniewicz realizó una investigación en los institutos bonaerenses: “Los jueces derivan mayormente a los bebés al Hospital Sbarra, de La Plata; lo utilizan como instituto de internación. Mandan chicos sanos. De 120 chicos, 96 estaban en condiciones de salir. Y en el Instituto Rivadavia, todos”. Terminan en poder de familias ricas, con la mediación de alguna ONG clerical que garantiza “la solvencia moral y económica” de los adoptantes. Y recibe su recompensa.
Varias organizaciones —la Fundación Sur del diputado del ARI García Méndez, el Cels y Abuelas, entre otras— acaban de presentar un hábeas corpus colectivo pidiendo la libertad de los 1.146 chicos internados por causas no penales en la Ciudad de Buenos Aires. El recurso fue fulminantemente rechazado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, y pasó al Juzgado de Menores Nº 7. La complicidad de todos los estamentos del Poder Judicial es escandalosa, la Cámara ni siquiera planteó una investigación, aunque se están violando pactos internacionales.
Esta “operatoria” se suma al tráfico clandestino de bebés que denunció Prensa Obrera N° 963, donde también la Justicia garantiza la impunidad de la Iglesia.
Por sus antecedentes penales, la Iglesia debe quedar inhibida de toda labor educativa o asistencial. El Estado debe dejar de subsidiarla.
El gobierno debe informar inmediatamente dónde tiene a los chicos que arrebató a sus padres. Para que regresen con su familia, con subsidios que garanticen íntegramente los derechos de la infancia.
