En los meses que pasaron desde el procesamiento de los siete ferroviarios por el crimen de Mariano Ferreyra hasta el 22 de febrero del 2011, en que José Pedraza, secretario general de la Unión Ferroviaria, fue detenido por el crimen, su actividad para obstruir la investigación y asegurar la libertad de los detenidos fue febril.

Cuando Pedraza aún no estaba imputado, la jueza Wilma López ordenó intervenir sus teléfonos y los de sus colaboradores. Las escuchas revelaron cómo el extitular de la Unión Ferroviaria (UF) intentó desplegar una maniobra para que el expediente cayera en la Sala III de la Cámara de Casación Penal, para conseguir un fallo favorable a la libertad a los siete detenidos miembros  de la patota ferroviaria

En el fondo era un “plan de salvataje de Pedraza”, que aunque seguía en libertad sabía que podía caer preso, como ocurrió.

Los autores fueron varios. El operador del plan fue Juan José Riquelme, agente de la exSide, quien era el enlace entre los directivos de Unión Ferroviaria y el abogado Octavio Aráoz de Lamadrid. Este letrado, ex juez federal de la Nación, había asumido como defensor del ferroviario Guillermo Uño, y fue él quien contactó personalmente al prosecretario administrativo Ameghino Escobar, para manipular el sorteo para que la causa cayera en la Sala III de la Cámara de Apelaciones, conformada por los jueces Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Mariano Palazzo, quienes debían resolver sobre la excarcelación y procesamiento de los detenidos.

La sala se sorteó el 26 de enero. Ameghino mandó la noticia por mensaje de texto a Aráoz, que estaba en Brasil. Aráoz, desde ahí, le avisó a Riquelme, quien a la vez “lo comunicó a Stafforini” y “a Pedraza de manera personal”.

Ángel Stafforini era el vicepresidente del ferrocarril Belgrano Cargas. En las escuchas es quien debe “hacerse del dinero” en su carácter de tesorero del Belgrano Cargas, de donde saldrían los “50 mil verdes…verdes”, como se desprende de un dialogo con José Pedraza, que previamente había regateado el precio de 75.000 a 50.000 dolares en una conversación previa con Riquelme.

El soborno nunca se concretó porque los investigadores allanaron el estudio del exjuez Octavio Aráoz de Lamadrid, donde dieron con los 50 mil dólares para la supuesta coima, minutos después que Susana Planas (apoderada de la cooperativa Unión del Mercosur) llevara en auto hasta allí a Stafforini, que ingresó con el dinero en un sobre marrón que decía “Octavio”.

Que se produjera el allanamiento antes de que ese dinero llegara a los jueces de la Cámara fue fundamental para que se mantuviera la duda de su participación en los hechos, sea a través de la recepción de dádivas o de la aceptación de promesas de esa naturaleza.

Riquelme tenía llegada directa con el camarista Eduardo Riggi, a quien en una conversación le refiere “si no fuera por las extras que recibo de los sindicatos no podría vivir con mi sueldo”. Nunca se procesó a ninguno de los camaristas, ni siquiera a Eduardo Riggi, que quedaba comprometido en las escuchas.

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La causa, diez años después, no llegó a juicio, fundamentalmente por la acción dilatoria de las apelaciones para lograr la impunidad del camarista y las nulidades interpuestas por Aráoz de Lamadrid, y sus sucesivas apelaciones.

Tampoco fue ajeno Pedraza a la contratación del perito Roberto Locles, que ingresó en el expediente de la mano de Oscar Gustavo Igounet, quien reemplazó a Aráoz de Lamadrid en la defensa de Guillermo Uño.

El perito Locles, en la reunión de peritos, golpeo en forma reiterada contra una mesa el proyectil que le había sido extraído al cuerpo sin vida de Mariano Ferreyra.

De las escuchas se desprende que los honorarios de Oscar Gustavo Igounet y de sus “gastos judiciales”, entre los que se encontraba la contratación de este perito, corría a cargo de la Unión Ferroviaria, y que informaba a Amaya, abogado de la Unión Ferroviaria, en forma periódica.

A pesar de que el perito fue condenado a un año de prisión en suspenso y tres años de inhabilitación, aun condenado siguió presentándose en algunos canales televisivos como un perito “experto”.

Su participación en estos dos incidentes, y la constancia que quedó en el expediente a través de las escuchas, fueron determinantes para que se le negara su propia excarcelación cuando fue indagado y detenido en la causa. Su final había quedado sellado, aunque el aún no lo supiera, antes de ser efectivamente detenido.

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