Al iniciarse el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra y las graves heridas de Elsa Rodríguez cobraron protagonismo tanto los abogados de los acusados, como los representantes de las víctimas, dejando al desnudo quién era quién y los intereses que se defendían en esta batalla: unos por justicia y otros en busca de impunidad.

El abogado de José Pedraza (es secretario general de la Unión Ferroviaria) era Carlos Froment, su defensor de confianza. Lo había defendido anteriormente en el 2000 cuando fuera procesado por retener indebidamente dinero de los trabajadores para asesorarlos sobre eventuales sepelios en cementerios privados y desviar así unos 30 millones de pesos, entre 1993 y 1998. Su perfil de clientes lo definía ideológicamente. Abogado del represor Roberto Viola durante el juicio a las juntas, defendió, también, por evasión de impuestos al exministro menemista Ernan González.

El abogado de Juan Carlos “Gallego “Fernández, el segundo de Pedraza y burócrata de aceitados contactos con el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y el subsecretario, Antonio Luna, quien dirigía su propia “peña” del club Independiente, eligió como abogado al profesor de la Universidad Austral, Alejandro Freeland, con quien compartía sus contactos en Independiente, ya que había sido abogado de Julio Comparada, expresidente del club.

Freeland fue uno de los abogados más agresivos con los compañeros de Mariano que testificaron en el juicio. Su rencor hacia la izquierda ha crecido tras la condena de su cliente. En diciembre del 2017, presentó en la Justicia Federal una denuncia acusando a los dirigentes del Frente de Izquierda, por sedición. Esa denuncia pretendió ser usada en el juicio que se sigue actualmente contra nuestro compañero Cesar Arakaki, por los hechos de diciembre del 2017, donde asistió como testigo y se retiró ofendido luego de dos preguntas, fruto de que la defensa destruyó la posibilidad de que convirtiera el evento en una nueva oportunidad de infamias y agresiones.

Entre las defensas de la patota asesina se caracterizaron los defensores del empleado de Evasión Guillermo Uñó. Primero lo defendió Octavio Aráoz de la Madrid, quien había sido juez federal. Como juez, su actuación más destacada fue procesar en el 2008, por el delito de “secuestro coactivo agravado”, a diez dirigentes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba), en el marco de una protesta en el Rectorado de la UBA contra el cierre de la sede Merlo del Ciclo Básico Común (CBC), entre ellos varios compañeros del Partido Obrero, que finalmente fueron sobreseídos por la Cámara de Apelación.

Renunció a la defensa de Uño para ser el nexo del intento de soborno a los camaristas que debían decidir la libertad de los primeros miembros de la Unión Ferroviaria detenidos.

Lo reemplazo Oscar Gustavo Igounet, que recibía su pago directamente de la Unión Ferroviaria. De familia militar, fue defensor del excapitán Rafael López Fader, por su participación en el primer secuestro del empresario Osvaldo Sivak y del militar carapintada Héctor Daniel Ferrer. Miembro de la “Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia”, quienes niegan los principios del derecho internacional sobre los crímenes de “lesa humanidad”, para reclamar la prescripción de los crímenes en el marco del genocidio de la dictadura cívico-militar.

Frente a los abogados de fuertes lazos con los militares y la derecha se encontraban los abogados de la querella, todos pertenecientes a organismos de derechos humanos: los representantes de la madre de Mariano del Cels y los representantes del Partido Obrero y los heridos eran las abogadas de Apel y Correpi.

Todos los profesionales reflejaban un compromiso ideológico que superaba a sus representaciones. Una manifestación más de los intereses que subyacen a cada caso donde estén implicados el Estado, las patronales y la burocracia sindical

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