El juicio realizado al ex teniente de la Bonaerense Julio Torales por las torturas que él -y otros policías aún no identificados- le infligieron a Luciano Arruga en septiembre de 2008 fue esclarecedor. Los testimonios de los familiares y amigos de Luciano dejaron al desnudo una metodología sistemática de la policía Bonaerense. Las comisarías son un antro de torturas y amedrentamiento contra la juventud trabajadora y la población en general.

 

El juicio fue el resultado de la lucha incansable de la familia de Luciano y de las organizaciones que acompañamos todo este tiempo. La condena a diez años para Torales se explica, también, por esta lucha y es crucial para empezar a romper la trama de impunidad que la policía, la Justicia y el poder político levantaron alrededor del crimen de Luciano, cuya desaparición y muerte continúa sin esclarecerse.

 

 

Torturado por decir “no”

 

Luciano, de 16 años, fue detenido de manera ilegal sin darle intervención a un juez de menores. Fue incomunicado y alojado, durante más de nueve horas, en la cocina de un destacamento, donde se lo humilló y torturó física y psicológicamente.

 

La mamá de Luciano explicó que las amenazas y el amedrentamiento permanente que sufría el joven, e incluso en esa misma detención, estaban motivadas porque su hijo se había negado a “trabajar” para la policía. Es decir, robar para ellos en las zonas liberadas. De allí salen las cajas paralelas de la Bonaerense, que contemplan desde el “pequeño” delito (robo, hurto, etc.) hasta el narcotráfico, la trata, los desarmaderos y demás.

 

Cinco meses después de los hechos juzgados -en enero de 2009-, Luciano fue nuevamente detenido de manera ilegal, torturado y desaparecido. Permaneció en esa condición por más de cinco años hasta que su cuerpo apareció enterrado como NN en el cementerio de Chacarita.

 

 

Scioli y la “continuidad del modelo”

 

En la provincia de Buenos Aires, mientras no se le paga a los docentes, los hospitales no funcionan y las escuelas se caen a pedazos, se destinan miles de pesos al reforzamiento del aparato represivo. Esta política fue acompañada por todas las fuerzas políticas en la Legislatura bonaerense, en especial, por los personeros de Macri y Massa. Sólo se opuso el Frente de Izquierda.

Durante más de cinco años, Scioli no movió un dedo para colaborar con el esclarecimiento del caso Luciano, al igual que el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. La Presidenta “desapareció” el nombre de Luciano de sus discursos, como ya lo había hecho antes con Julio López.

 

La convivencia del poder político con la podrida policía Bonaerense es absoluta. El “gatillo fácil” y las desapariciones forzadas de chicos y mujeres en comisarías o en connivencia con el Estado continúan en aumento. Las patotas de la policía se manejan con total impunidad, como lo confirman las amenazas sufridas por Pablo Pimentel y otros militantes de la Asambea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza a raíz de su participación en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de Luciano y de Gabriel Blanco. Scioli y compañía hacen caso omiso de las denuncias.

 

La condena de Torales es un triunfo que debe servir para reforzar la lucha contra la impunidad en la provincia y en todo el país.