El 18 de enero, Martín Núñez, “un conocido traficante de mujeres del barrio Barranquitas, de Santa Fe” secuestró a Romina Gamarra. El juez de instrucción Nº 7, Diego De la Torre, rechazó la denuncia de secuestro —aunque había testigos-, caratuló el caso como fuga del hogar y se olvidó del asunto.

Ocho meses después, un cliente de un prostíbulo rutero de La Banda, Santiago del Estero, le prestó un celular a Romina. Ella llamó a su papá, un florista analfabeto, para que la fuera a buscar. El padre pidió inútilmente ayuda en tres comisarías hasta que entendió “que no podía confiar”. Igual rescató a Romina y a otra piba del barrio, María Cristina Ojeda, aunque lo siguieron a los tiros.

Las chicas dijeron que habían estado encerradas en prostíbulos de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero. Que la policía pasaba a cobrar comisión. Que entre los clientes había políticos locales. Que les había hecho pasaportes falsos —un delito federal– en la sede del Centro de documentación de la Policía Federal Argentina (Azopardo 620), “sin hacer cola ni sacar número”. Que las pensaban llevar a España. Dieron el nombre de una chica que ya había sido “enviada” y las organizaciones contra la trata de personas —no la justicia- constató que su salida figura en Migraciones.

Mientras Núñez y sus socios amenazaban a las familias, a las chicas y a los abogados, la Justicia provincial ordenó su captura pero no los encontró “aunque todo el barrio Barranquitas los veía a diario caminando por sus calles”. Denegó el traslado de la causa al fuero federal. Confeccionó incorrectamente los papeles para poner a las chicas bajo el régimen de testigo protegidos. No ordenó el allanamiento de los prostíbulos, que continúan funcionando.

Sara Torres, de la Red No a la Trata, denuncia que “el 3 de noviembre, el juez De la Torre se declaró incompetente y liberó el camino para que la banda de los Núñez se lleve a María Cristina”, lo que efectivamente ocurrió. Días después, la chica se presentó ante la fiscal federal N° 1º de Santa Fe, Griselda Tessio “acompañada por un conocido penalista del fuero local, revocó el poder de sus abogados y se desdijo de todas las denuncias”. La fiscal tomó todo por cierto, no constató el cambio de domicilio, ni llamó a los abogados patrocinantes ni intentó que la chica se contactara con la familia. Tessio se negó a dar los nombres de los prófugos a la prensa, se declaró incompetente y devolvió la causa a De la Torre (Página 12, 10/11).

Nada se sabe desde entonces de María Cristina. Su abogado Guillermo Strazza afirma que fue recapturada por los traficantes. "Desde hace 15 años, la zona es un 'criadero' para la trata de personas: exportan mujeres en lugar de futbolistas -señala Strazza-. Como pasa en estos casos, ésta es una banda grande, con contactos, con estudios jurídicos sólidos detrás, con ramificaciones en policías provinciales y en la Federal. En su andar, Romina descubrió en distintos lugares a vecinitas desaparecidas de su barrio, todas esclavizadas" (Clarín, 13/11).

Días después, Romina también revocó el poder de sus abogados y se retractó. En ambos casos las chicas estaban “acompañadas por conocidos penalistas que difícilmente podrían contratar con sus escasos ingresos personales o los de su empobrecido núcleo familiar”, según un pedido de informes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que advierte que “la vida de las chicas está en peligro” y exige al gobierno provincial la “investigación de los prófugos con redes locales e internacionales de proxenetismo” y “de la probable vinculación de miembros de las fuerzas policiales de la provincia de Santa Fe y de otras provincias con el proxenetismo y la trata de personas” (9/11).

Este pedido roza el encubrimiento. La investigación debería incluir también a la Justicia provincial, a la fiscal federal Tessio y al Ministerio del Interior, responsable de librar los pasaportes con los que se saca a las chicas del país.

Las denuncias sobre esclavitud de niñas y mujeres se multiplican. Mientras Marita Verón, Fernanda Aguirre y tantas otras siguen si aparecer, la impunidad y la evidente complicidad de todas las esferas del gobierno con las redes de tráfico las ha envalentonado, al grado de que se permiten incluso recapturar a las chicas que logran fugarse.

La consigna “Mujeres si no nos organizamos nos matan” actualiza cada día su vigencia. El Día contra la violencia hacia la mujer, en cada plaza política del país, denunciaremos el tráfico de mujeres y que el Estado cómplice es el primer proxeneta.

 

Olga Cristóbal