ESTADO PROVINCIAL Y NARCOTRÁFICO

El Tribuno de Salta, en su edición del 20 de noviembre, “levanta” un artículo de Il Giornale, de Italia, publicado... el 12 de octubre de 2005, hace más de un año, como si se tratara de una novedad. La “noticia” está referida a la detención de la “noble” condesa Pinina Garavaglia, una suerte de madama de lujo del jet set europeo. La señora, junto con su hijo Morgan Marco Uliveri, también preso, había recibido desde Salta 300 kilos de cocaína de máxima pureza a 22 mil euros el kilo, que ellos revendían a 33 ó 34 mil euros.

Esa droga se distribuía en un exclusivo balneario de la isla española de Ibiza y en las ciudades italianas de Milán e Isola. En total, hubo 19 detenidos en Italia y 12 fuera de ese país, mientras otras 56 personas eran indagadas por la cuestión. En total, entre Italia, España, Francia y la Argentina se secuestraron más de 1.600 kilos de cocaína. Entre los presos estaba Diego Emiliano Corzo, un argentino de 26 años, mano derecha del capomafia italiano Nicola Casola y contacto con el que Il Giornale llama “poderoso cartel argentino” de Losano Corporation, al cual pertenecen los hermanos salteños Reynaldo y Raúl Castedo, terratenientes, multimillonarios y narcotraficantes.

Todo esto ya había sido denunciado, en Salta, por la FM Noticias y la agencia DDN, opositoras a Romero, y por estas denuncias, varios periodistas de éstos y otros medios fueron amenazados, junto a abogados, jueces y hasta legisladores nacionales. ¿Por qué se acuerda El Tribuno, manejado por el gobernador Romero, de este asunto con más de un año de demora, aunque oculta buena parte de la información italiana, como, por ejemplo, la cantidad de cocaína incautada y la magnitud del negocio desbaratado por la policía europea?

Sencillamente, porque el problema le estalla entre las manos al Estado provincial y amenaza convertirse en un escándalo político al lado del cual sería una tontería de importancia menor el desastre sufrido por Rovira en Misiones. Para salvar su gobierno, Romero pretende tomar distancias reproduciendo parcialmente el artículo del diario italiano.

Eso es así porque la movilización popular, especialmente la de los campesinos del norte de Salta, ha sacado a luz los vínculos del narcotráfico con el asesinato de Liliana Ledesma, muerta a puñaladas el 21 de septiembre de este año en una pasarela que bordea la depresión llamada Quebrada Seca, entre los barrios Villa Las Rosas e YPF, de Salvador Mazza, ciudad fronteriza con Bolivia.

Ledesma, militante de la Asociación de Pequeños Productores de Madrejones, había protestado varias veces porque los hermanos Castedo y el entonces diputado Aparicio cerraban a los campesinos los caminos que permiten acceder a las fuentes de agua y ejercer el comercio con otras comunidades.

El día de su muerte, Ledesma fue conducida a una trampa por María Gabriela Aparicio, ahora detenida, quien la pasó a buscar y la condujo al sitio donde la asesinaron dos sicarios de los Castedo, los también apresados Aníbal Ceferino Tárraga (a) “Any”, y Lino Abdemar Moreno, contratados para cometer el crimen. Aparicio es hermana del diputado provincial justicialista Ernesto Aparicio, quien debió renunciar a su banca tras la conmoción generada por aquella muerte y, sobre todo, por la movilización popular que exige el esclarecimiento del hecho.

Por ejemplo, 16 de noviembre se hizo una jornada de “Lucha contra la Impunidad”. Días antes, en Orán, hubo otra marcha convocada por familiares y acompañada por la concejala Josefa Cardozo y el diputado provincial Pablo López, ambos del Partido Obrero. Esa tarde, López declaró: “Al igual que en Salvador Mazza, en Orán hay otros casos de muertes y atropellos policiales aún impunes” (Salta Libre, 6/11).

En Mosconi, los familiares de la joven asesinada Yanet Mesa, acusan a la policía de “plantar” pruebas falsas para desviar la investigación. También se tiene el caso del joven Gómez, asesinado en el dique Cabra Corral, una causa cerrada en tiempo récord; el crimen de Ramiro Llanes por el “gatillo fácil” de la policía en 2005, y la reciente masacre en la comisaría de Orán, con cuatro jóvenes reclusos muertos, de los cuales uno habría sido testigo del asesinato de Fabián Pereyra. Pero no es todo, ni mucho menos.

Lo que llega de Italia

Losano Corporation, según Il Giornale, tiene bases en Salta, Bolivia y Paraguay, y una extensa red que la vincula con otras organizaciones de narcotraficantes en Europa, como la capturada el año pasado y “descubierta” ahora por El Tribuno.

Aquí, las figuras más visibles del negocio eran Sergio Miguel Greco y Fabián Osvaldo Disipio, quienes actuaban a las órdenes de los Castedo. Pues bien, la detenida Aparicio declaró que Liliana Ledesma fue asesinada por orden directa de esos hermanos, quienes ahora tienen pedido de captura internacional por Interpol.

“De acuerdo con la investigación, María Gabriela Aparicio, hermana del ex diputado por el Departamento San Martín Ernesto José Aparicio, fue el nexo para que los prófugos (por los Castedo) contrataran a los asesinos (de Liliana Ledesma), uno de los cuales es pareja de la acusada” (El Tribuno, 21/11).

Ledesma era viuda de Gilberto Villagómez, oriundo de San José de Pocitos, Bolivia, quien hace ocho años apareció acribillado a balazos dentro de su automóvil en el barrio Norte de Salvador Mazza.

Ahora están presos los sicarios, una “perejil” como la hermana de Aparicio, y éste perdió su banca.

La bancada parlamentaria del PO salteño exige, repetidamente, la formación de una comisión investigadora del crimen de Liliana Ledesma. Esa petición siempre fue negada tanto por el oficialismo como por los “opositores” PRS y UCR con el argumento de que se trata de un asunto judicial. Ahora está más claro que nunca el carácter político de los hechos. En el caso del PRS hay un motivo adicional: su diputado Lara Gros es asesor del Ingenio El Tabacal, cuya seguridad asesinó al joven Fabián Pereyra.

Desde que Il Giornale publicó aquella denuncia pasó un año. Ahora, cuando el problema amenaza caerle encima con fuerza aplastante, Romero y su diario tratan de adelantarse a la crisis para no quedar “pegados” a ella, sobre todo porque el gobernador de Salta intenta “normalizar” al PJ. Por las dudas, los Rodríguez Saá, quienes en principio manifestaron simpatías por esos intentos de Romero, se apresuraron a abrirse.

De ahí que, con toda razón, resulte imprescindible organizar ya mismo una comisión investigadora, para que Salta no siga gobernada por el terror. Para imponerla, es necesario desarrollar la más amplia movilización popular.

Alejandro Guerrero