El 6 de agosto del 2012 tuvo comienzo el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra y las graves heridas de Elsa Rodríguez, en una sala llena y con un público compuesto mayormente por representantes de los sindicatos y juntas gremiales antiburocráticas, dirigentes políticos del Partido Obrero, y del resto de la izquierda y hasta del propio gobierno.

El Tribunal Oral Criminal N° 21 estaría a cargo de un juicio que duro más de ocho meses, con más de 380 testimonios que pasarían ante los estrados. El objetivo era poder mostrar cómo se entrelazaron los papeles de los diecisiete acusados: Pedraza, Juan Carlos “Gallego” Fernández, siete ferroviarios y un barrabrava que componían la patota y siete policías, tres de ellos comisarios.

Lograr la condena por homicidio calificado, un delito que prevé prisión perpetua, el peor de los castigos, era el objetivo. Salvo los uniformados el resto de los imputados llegaban presos al proceso.

Serán determinantes los entrecruzamientos telefónicos, las escuchas, los videos registrados, las comunicaciones policiales y la documentación que relaciona el ataque de la patota con los intereses del sindicalismo empresario.

La defensa de los imputados inundo el principio del juicio oral con siete planteos de nulidad, que fueron rechazados por el Tribunal. Su objetivo, de mínima, era crear un golpe informativo que envolviera de ilegitimidad al juicio y, de máxima, lograr su aplazamiento. Al final de la jornada se pudo evaluar que habían fracasado en ambos objetivos.

La conmoción pública generada por el crimen y por la intensa campaña que reclamaba justicia por Mariano, hizo políticamente imposible la suspensión del juicio. La movilización y el acto que seguía en la puerta durante esa jornada, era solo una muestra de las manifestaciones que se habían levantado en todo el país.

El Tribunal Oral Criminal N° 21, presidido por Horacio Días e integrado además por los jueces Diego Barroetaveña y Carlos Bossi, decidió “avanzar con el juicio”, si bien admitió que el pedido de recusación presentado por el Dr. Igounet -abogado que introdujo al perito balístico Roberto Locles al expediente para alterar pruebas- seguiría pendiente en casación.

En la sala, cerquita de sus abogadas, Elsa Rodríguez en silla de ruedas seguía atentamente lo que sucedía, junto con Nelson y Ariel, los compañeros heridos por la patota criminal.

La primera jornada dejó en claro que la estrategia de los abogados de la defensa buscaría presentarse como los “victimas” políticas, en un juicio que no era imparcial, y volcar fundamentalmente la opinión pública a su favor.

La condena historia del final, más de 10 meses después, dejaría al desnudo su total fracaso.

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