La resolución política del XXIII Congreso del Partido Obrero abordó el problema de las libertades democráticas. El acuerdo con los fondos buitre y el ajuste sobre las condiciones de vida de las masas se complementa con un ataque sobre los luchadores.

 

La resolución destaca la puesta en pie del protocolo represivo de Macri-Bullrich y el operativo para una reintroducción del Ejército en la vida social, con el pretexto del combate al narcotráfico (una cuestión que el kirchnerismo ya había intentado promover con Milani). “La demagogia derechohumanista que rodea la visita de Obama apunta a un blanqueo histórico del imperialismo, con vistas a esta colaboración represiva en ciernes”, destaca la resolución.

 

La cuestión de las libertades democráticas deja planteada una agenda de lucha. Redoblar la campaña contra el procesamiento de los dirigentes de ATE Mendoza, Raquel Blas y Roberto Macho, primeros imputados por el protocolo antipiquetes; por los compañeros docentes y camioneros de Tierra del Fuego y los docentes de Santiago del Estero, y por el juicio y castigo a los asesinos del obrero de la construcción Darío Avalos. La resolución advierte también sobre la elevación a juicio de la causa contra José Kobak, del PO tucumano, luchador contra el fraude electoral en dicha provincia.

 

Las consignas definidas son: abajo el protocolo represivo, abajo el procesamiento de los luchadores, cárcel común a Pedraza y a todos los represores.