Del ‘caso’ Bordón se sabe lo suficiente como para meter en cana a la totalidad del destacamento Nihuil de la Policía Provincial, lugar en el que el pibe Bordón fue detenido y ‘desaparecido’, y a los mandos, que reciben cotidianamente la información sobre los nuevos detenidos y son responsables de su situación. Hasta ahora, sólo han sido detenidos cinco policías en concepto de “averiguación de homicidio por omisión”. Entre el 2 de octubre, en que Sebastián quedó alojado en el destacamento y el 12 de octubre, en que su cadáver fue ‘encontrado’ en el fondo de una barranca,transcurrieron 11 días. En ese período se desarrolló un operativo de desvío y encubrimiento que no podría haberse concretado sin la complicidad de la plana mayor de la policía de la provincia y el propio Ejecutivo.

La ‘historia oficial’ que la policía pretendió hacer creer a los padres hablaba de una huida de Sebastián hacia otras provincias, versión que para el gobernador Lafalla revela una “falta de idoneidad (porque) buscaron al chico durante once días en cinco provincias y lo tenían a 1000 metros” (!) (La Nación, 15/10)(!). Cuando los padres de Bordón se negaron a aceptar la patraña y exigieron una investigación en regla, el juez Yacante a cargo de la causa, les advirtió que iba a defender a “su gente” y que estaban “politizando” el caso (ídem, 16/10).

Yacante es responsable de haber bloqueado la investigación por la muerte del joven Pardo, caso en el que “sus familiares sospechan de la policía”, y la violación de la joven Bogado por tres policías (Clarín, 24/10). San Rafael es un reducto de la jerarquía eclesiástica que colaboró con la dictadura militar, y “los religiosos parecen no haber visto con buenos ojos los cuestionamientos y la reestructuración de la fuerza”, un desplazamiento de mandos en la policía que Lafalla se vio obligado a hacer para evitar una crisis mayor.

Todo está tan podrido que aun estas medidas cosméticas del gobernador han provocado una rebelión que amenaza “parar toda la policía de Mendoza” y ha arrancado “tratativas (del gobierno) con la actual conducción de la fuerza para acordar la reincorporación de los efectivos” (La Nación, 17/10).

En este engranaje, hasta el puñado de policías que todo indica fueron ejecutores del crimen puede salvarse. Yacante “estaría decidido a retrasar decisiones como la detención de policías…(para) después de las elecciones del domingo”, especulando con un “mejor clima” para la operación de impunidad que está en marcha (ídem).

 

La Alianza (y el Frepaso)

Una conspiración de Estado de esta magnitud, que debería haber llevado al gobernador al banquillo del juicio político y a su ministro de gobierno a la cárcel, ha tenido como única respuesta de la Alianza “pedir que la Corte de Justicia de Mendoza investigue la conducta del juez Yacante”. Esta Corte, que carga sobre sus espaldas la desaparición del joven Guardatti a manos de la policía provincial hace más de cinco años, “informará en su momento” sobre la conducta del juez a las cámaras, y éstas podrán resolver, o no, si corresponde el juicio político. Una joda.

¿Pero qué ocurre en Moreno, donde Sebastián era estudiante secundario, alumno de la Escuela Media 13 de Moreno? De allí ha salido la iniciativa de dos marchas, una en el distrito y otra en la Capital, ante la Casa de Mendoza, que acaba de realizarse. Sus padres, junto a vecinos del barrio, se han puesto a la cabeza de la movilización por el esclarecimiento del crimen, que no ha sumado a los gremios de la zona, entre ellos Suteba y ATE, siendo como son, los gremios más importantes de la zona. El PO y la UJS (Unión de Juventudes por el Socialismo) llaman a participar masivamente de la movilización convocada para el 12 de noviembre, a un mes de la muerte de Sebastián, por el juicio y castigo y una comisión investigadora independiente.

“¿Que van a hacer los docentes, los secundarios, sus profesores, sus amigos, sus vecinos para que el crimen de Sebastián no quede impune?

“De nosotros depende”. Así plantearon su agitación los compañeros del PO de la zona.