El sábado 8, luego de una movilización por el juicio y castigo a los asesinos de Sebastián Bordón, una barra que hostilizaba a los manifestantes mató de un ladrillazo a Cristian Gómez, joven de 18 años y amigo de Sebastián. “Los padres (de Cristian) creen que alguien ordenó a esos cuatro o cinco chicos que tiraran piedras contra los manifestantes para así romper la protesta”, dijo un amigo de la familia (Clarín, 11/11).

La movilización por Sebastián Bordón está siendo encarada adelante por sus padres, los vecinos y los amigos del joven asesinado, sometida al aislamiento de las organizaciones de la ‘oposición’ aliancista y sindical. El Suteba, sindicato directamente involucrado por el papel nefasto que los vecinos atribuyen a los docentes, ha dado la espalda a la lucha por el juicio y castigo a los asesinos de Sebastián; no hablemos de otros sindicatos. Bajo cuerda, estos sectores dejan correr una opinión: ¿es que acaso el crimen no está resuelto? Por el asesinato de Sebastián Bordón están detenidos cinco policías en”averiguación de homicidio por omisión”, el comisario del destacamento El Nihuil y los supuestos integrantes de la patrulla que lo golpeó hasta darle muerte. El ‘caso’ Bordón es, sin embargo, una réplica del ‘caso’ Carrasco.

Entre el 2 de octubre, en que Sebastián quedó alojado en el destacamento, y el 12 de octubre, en que su cadáver fue ‘encontrado’ en el fondo de una barranca, transcurrieron 10 días. En ese período se desarrolló un operativo de desvío y encubrimiento que no podría haberse concretado sin la complicidad de la plana mayor de la policía de la provincia y el propio Ejecutivo.

La ‘historia oficial’ que la policía pretendió hacer creer, hablaba de una huida de Sebastián hacia otras provincias, versión que defendió el gobernador Lafalla, planteando una “falta de idoneidad (porque) buscaron al chico durante once días en cinco provincias y lo tenían a 1.000 metros” (La Nación, 15/10)(!). Cuando los padres de Bordón se negaron a aceptar la patraña y exigieron una investigación en regla, el juez Yacante, a cargo de la causa, les advirtió que iba a defender a “su gente” y que estaban “politizando” el caso (ídem, 16/10).

Yacante es responsable de haber bloqueado la investigación por la muerte del joven Pardo, caso en el que “sus familiares sospechan de la policía”, y la violación de la joven Bogado por tres policías (Clarín, 24/10). Para fuentes judiciales “el apuro del juez (en detener a estos cinco policías) podría beneficiar la estrategia de la defensa” (La Nación, 6/11).

Una conspiración de Estado de esta magnitud, que debería haber llevado al gobernador al banquillo del juicio político y a su ministro de Gobierno a la cárcel, ha tenido como única respuesta de la Alianza ‘opositora’ “pedir que la Corte de Justicia de Mendoza investigue la conducta del juez Yacante”. Esta Corte, que carga sobre sus espaldas la desaparición del joven Guardatti a manos de la policía provincial hace más de cinco años, “informará en su momento” sobre la conducta del juez a las cámaras, y éstas podrán resolver o no “si corresponde el juicio político”.