El bárbaro crimen de las chicas de Cipolletti ha golpeado hondo en la sensibilidad popular. El gobierno pretende presentarse como intérprete del pueblo al plantear la posibilidad de reimplantar la pena de muerte, “reclamada por una parte de la sociedad para delitos atroces como éste”, según alega el adiposo ministro del interior. Sobre todo, se pretenden reformas más represivas y el otorgamiento de mayores poderes a la policía y a los servicios de seguridad. Mientras tanto, ya se dio principio a una militarización de la Capital, colocando más de mil efectivos de la gendarmería en las calles. Los expertos en reprimir piqueteros y desocupados están ahora en la vía pública para ‘custodiar’ sedes de entidades árabes y judías. Otros tantos efectivos de la Policía Federal han sido liberados para la custodia armada de la ciudad autónoma, fuera del control de las autoridades civiles del municipio. Todo esto, por suspuesto, por ‘decreto’.

La masacre de Cipolletti se ha convertido en una excusa para potenciar la mayor fuente de inseguridad pública. Algo que no ignoran ni siquiera los niños que, el pasado 26 de octubre, fueron consultados por la Unicef en un simulacro de elección, y respondieron que es en la comisaría y ante los uniformados donde menos se respetan sus derechos y su seguridad.

Los hechos de Cipolletti están siendo usados por el gobierno para encubrir sus propios crímenes: la policía de Mendoza, manchada por la sangre de numerosas desapariciones y homicidios, como el de Bordón; la cúpula de Entre Ríos, investigada por una serie de acusaciones sobre torturas y apremios ilegales, que incluyen la muerte de un menor de edad “a garrotazos”; la jefatura policial de Santa Fe, acusada de participar y tapar las fechorías de una banda de negociados millonarios con siniestros, muertes y fraudes judiciales; la de Córdoba, de encubrir el asesinato de una mujer cuyo cadáver fue arrojado de un móvil policial en un baldío. Ni hablar del crimen de Cabezas … Por eso, Duhalde se ha subido al tren de hipócritas que reclaman la pena capital… y más recursos para la policía.

Mientras tanto, sin que haya pruebas, se ha inculpado en el crímen de Cipolletti a “ex-convictos violados, psicópatas, con el denominador común de una existencia de muerte, soledad y abandono… son quienes están imputados en el triple crimen” (Diario de Río Negro, 14/11). ¿Pero dónde están los responsables de la producción de estos desechos humanos, de las cárceles donde se los prostituye y degrada, de la miseria y opresión sin fin en la cual se cultivan las peores patologías? No importa. La máquina de la explotación capitalista, bajo la gerencia de los Corach, Menem y Duhalde, sigue adelante, mientras éstos ponen cara de circunstancia y… refuerzan el Estado policial: la sociedad del crimen que caracteriza a este régimen político.

Entre tanta campaña orquestada, ha pasado desapercibido un reciente informe de las Naciones Unidas que denuncia a la autoridades argentinas “por la persistencia de torturas y malos tratos en las cárceles… un aumento de las violencias policíacas en cantidad y gravedad que desembocan en casos mortales o heridas graves” (Ambito Financiero, 14/11).

En un reciente artículo de Página 12 (9/11), Horacio Verbitsky cita a un juez italiano: “a menudo la alarma sobre la criminalidad es agitada como una distracción de otros males sociales… de otras formas de criminalidad… que ya se desarrollaron con anterioridad y que caracterizan a las sociedades avanzadas (sic): la criminalidad del poder, la colusión entre el poder político y los poderes criminales, las organizaciones mafiosas”. Verbitsky no destaca, lamentablemente, el silencio de los demócratas de la “Alianza”, que nada han dicho sobre la perversa campaña oficial. El flamante ‘presidenciable’, Fernando De la Rúa, acaba de anunciar la creación de ‘guardias civiles’ para ‘colaborar’ con la policía de Corach, y la sanción de un “régimen contravencional” que reeditará los viejos “edictos policiales” .

Cabe el título de la nota de Verbitsky: The End.

Jimena Hernández y la Curia

La causa por el asesinato de Jimena Hernández, la niña violada y asesinada en 1988 en el natatorio de un colegio religioso, ha sido cerrada sin que ninguno de los imputados fuera condenado. Jimena fue asesinada fuera de la pileta y luego arrojada allí para simular un accidente. Decenas de testigos denunciaron, cómo uno de los imputados “ingresó al natatorio con una bolsa grande con una carga pesada”. Tampoco han sido juzgadas las autoridades del colegio, ni sus superiores, por el encubrimiento del caso.

Por separado, los padres de Jimena acusaron al juez de “no querer llegar a la verdad” (porque) “aduce que las últimas audiencias con las compañeras de Jimena no arrojaron ningún resultado (pero) las chicas dijeron cosas claras y concretas sobre lo que sucedió y se pudo probar que poco antes de descubrirse el cuerpo sumergido en la pileta, sólo los profesores imputados estuvieron en el natatorio” (Crónica, 14/11).

En otras palabras, con todos los elementos en la mano, la ‘justicia’ deja en libertad a los asesinos para no comprometer por encubrumiento a las autoridades del colegio. La madre de Jimena recuerda que uno de los jueces intervinientes —Luis Cevasco— fue ascendido después de dejar ‘morir’ el caso, en complicidad con la Policía Federal.

Desde que fue descubierto el cuerpo, la Curia realizó una enorme presión sobre la ‘justicia’ y sobre el régimen alfonsinista para tapar el caso, encubrir a los asesinos y ocultar sus propias responsabilidades.

Primatesta, Quarracino y ‘tutti quanti’ pueden dormir tranquilos; sus presiones han dado frutos y los asesinos de Jimena Hernández continúan en libertad.