Se está desarrollando en La Matanza la marcha –de Isidro Casanova a San Justo–, por el juicio y castigo a los responsables de la muerte de Diego Lucena. Participan de ella los familiares de Diego, todas las organizaciones de la ANT y el PO. En estas horas existe una actividad febril del fiscal a cargo de la causa y del ministro de Seguridad por desembarazar a la Bonaerense de toda responsabilidad en el asesinato. Siete testigos han sido llevados a declarar avalando la hipótesis de una “simple” pelea entre bandas. Pero la mamá de José Britos, amigo de Diego, denunció que su hijo está detenido e incomunicado, luego de ser presionado para declarar en el mismo sentido por policías de civil. La familia se mantiene firme en la reconstrucción de los hechos que hicieron los vecinos y conducen a un asesinato de “gatillo fácil” –seguimiento de dos patrulleros actuando en complicidad con los “patovicas” del boliche del que fue expulsado Diego. En cualquier caso, la zona del lugar bailable fue, sin lugar a dudas, “zona liberada” para la acción de quien fuese. La investigación tiene los límites de la “Justicia”. Ante la movilización de vecinos y piqueteros fue removido todo el personal de la Comisaría 21ª, pero la medida elemental de detener e interrogar a todos los policías bajo sospecha no fue tomada jamás.

La acción del fiscal y del ministro de Seguridad, Arslanián, que como Lavagna, es un ministro común de Duhalde y Kirchner, debe ser caracterizada como un operativo de confusión, en la medida que dan cuenta de una investigación sustraída a todo control popular y que presenta fuertes incongruencias –a Diego lo encuentran a las 7 de la mañana y es dado por fallecido una hora y cincuenta más tarde, no se le encuentran golpes en el cuerpo y sólo se ven culatazos en su cabeza, nada sobre los médicos que lo asisten cuando todavía está con vida.

Diego tenía 22 años, era desocupado, miembro del Polo Obrero de La Matanza desde hacía poco tiempo, participaba del comedor de Barrio Giardino en Laferrere, uno de los más populosos; y el pasado 18 de junio, dos días antes de su asesinato, había marchado desde Parque Rivadavia a Plaza de Mayo junto al PO. Su familia es piquetera y su padre tiene una historia de militancia de muchos años.

Los piqueteros decidieron hace un tiempo que hay demasiadas víctimas jóvenes y trabajadoras del “gatillo fácil” como para dejar la “lucha contra la inseguridad” en otras manos que no sean las de nuestra propia clase. Juicio y castigo a los asesinos de Diego y del resto de caídos por “gatillo fácil”, disolución de la policía asesina, formación de un nuevo cuerpo bajo control de los trabajadores y asambleas populares (no, como plantea Arslanián bajo el control de las asociaciones empresarias, el clero y las ONGs). Elección popular de los jueces.