El 27 de enero Sandra Cabrera – presidenta de la filial rosarina de Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, CTA) fue fusilada de un balazo en la nuca, en la zona donde "trabajaba". Su vivienda estaba bajo custodia policial (¡!) por las amenazas de muerte recibidas después de denunciar la explotación en los burdeles, las coimas y los abusos policiales contra las prostitutas y los negocios en común entre policías y proxenetas. Esas denuncias obligaron al gobierno, en setiembre de 2003, a relevar de la cúpula de la División de Moralidad Pública de la Unidad Regional II. El Departamento de Moralidad Pública de la policía de Obeid se dedicaba a la "extorsión, protección y recolección de dinero entre prostitutas y proxenetas", lo que incluía, por ejemplo, el servicio de protección a boliches dedicados "a la prostitución de menores y al tráfico y a la reducción a la servidumbre de mujeres dominicanas" (Página/12, 29/1). La Justicia nunca identificó el origen de las amenazas ni evitó que en diciembre de 2003 le dieran a Sandra una paliza dentro de su casa, mientras la custodia estaba… en la puerta. Días antes de su muerte, Sandra había implicado a otro policía de Moralidad, que cobraba 50 pesos semanales a una muchacha. Dijo entonces que sabía que le esperaba "una devolución de gentilezas". La secretaria general del sindicato de meretrices de Santa Fe, Elena Reynaga, "ya había presentado en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación una larga serie de denuncias realizadas por Sandra Cabrera como coordinadora del gremio de meretrices" (ídem). Su fusilamiento debe considerarse un crimen político, un asesinato del Estado contra una luchadora.

Su muerte no está aislada, es un eslabón más, pero no sólo que continúa la línea de las prostitutas de Mar del Plata, sino también la de la docente rural, Daniela Sparboli, violada y asesinada, cuyo crimen permanece impune, y donde todo hace suponer que actuó la policía. La de Pocho Lepratti y Graciela Costa, asesinados el 19 y 20 de diciembre del 2001, los pibes asesinados en las barriadas, los muertos de los motines en las cárceles.

La mafia de la prostitución es conocida: los grandes proxenetas pagan a la policía para explotar tranquilos a sus esclavas y para que "barran" la calle de mujeres "autónomas" que compiten con su negocio; la "caja" que surge de la extorsión a las mujeres de la calle es una de las más gordas de la policía rosarina y de cualquier policía (Aldo Rico apareció no hace mucho vinculado a una red de prostíbulos en San Miguel) y contribuye a la caja negra de la política. Funcionarios, fiscales y jueces son clientes y socios del negocio de la prostitución.

Como respuesta al asesinato de Sandra, el gobierno santafesino eliminó la sección Moralidad Pública de la policía, prometió reformar el Código de Faltas (en lo referido a prostitución, ofensa al pudor y travestismo), ordenó a Asuntos Internos y Unidades Especiales de la policía la investigación del negocio sexual en el ámbito de la Unidad Regional II, y creó una comisión investigadora policial. En síntesis: todo queda entre amigos. Pero alcanzó para que la CTA se diera por satisfecha: Elena Reynaga, dirigente nacional de Ammar, en una conferencia de prensa en la sede de la CTA de Rosario, afirmó: "El mayor proxeneta que tenemos las trabajadoras sexuales es la policía. Hasta hace poco tiempo, otro proxeneta era el Estado, que ha sido sordo, pero hoy, por primera vez en muchos años, nosotras sentimos que el Estado no ha sido sordo porque el ministro Gustavo Beliz se ha comunicado con nosotros en la CTA"(El Ciudadano, 28/1). Como se ve, a la CTA le alcanza con un llamado telefónico para tranquilizarse.

A Sandra Cabrera la mataron los mismos que asesinaron a Graciela Acosta y a Pocho Lepratti entre el 19 y 20 de diciembre. Los mismos que reprimieron esta semana a los inundados. Su muerte no debe quedar impune.