La movilización del pasado lunes 14 a la Comisaría 31ª –donde trabajaba el policía que mató a Lisandro Barrau– mostró dos tendencias contrapuestas. Por un lado, la de los pibes del barrio y las asambleas populares, que escracharon con toda energía al aparato policial. Por el otro, la presencia sinuosa de la burocracia de “derechos humanos” y de “seguridad” del Gobierno de la Ciudad, trabajando para “descomprimir” el conflicto. A instancias de los funcionarios, la movilización terminó con lo que ya se ha convertido en un verdadero réquiem para las luchas populares: cantar el himno. Simultáneamente, los funcionarios de seguridad anunciaban que Tarditti (el policía asesino) “había reconocido su error” y estaba cesanteado, dando por concluido el episodio. Después, el crimen de Lisandro desapareció por completo de los medios.

Los jóvenes, chivos emisarios

El Estado necesita tapar este crimen para poner a salvo su “nueva” política de seguridad, uno de cuyos ejes es un reforzamiento represivo en la Capital con el reclutamiento de nuevos efectivos (que el asesino de Lisandro integraba). Pero el crimen de Palermo demostró que los nuevos policías “comunitarios” están igualmente entrenados en la persecución contra la juventud barrial. Para salvar al aparato represivo comprometido con el delito, el gobierno está montando un sistema de redadas de jóvenes de los barrios. El ibarrismo –con Macri y Bullrich- se apresta a votar en la Legislatura un código contravencional que dará letra a toda esta persecución policial.

Los centenares de jóvenes y vecinos que se dirigieron a “la 31” el domingo y lunes pasados, reclaman justicia. Las asambleas populares de la zona se reunieron para repudiar el crimen. Son ellas, con la juventud del barrio, las que deben tomar en sus manos la lucha que los “progresistas” quieren enterrar, y resolver un plan de lucha por cárcel y perpetua para Matías Tarditti, por la destitución efectiva de toda la cúpula de la 31ª y por la disolución del aparato represivo.