La renuncia del jefe de la Bonaerense, Amadeo D’Angelo, acusado de integrar una red político-policial de “protección” del negocio de la prostitución en la zona norte del Gran Buenos Aires, ha confirmado, una vez más, lo que toda la población sabe de sobra: que la Bonaerense es la principal institución delictiva en la provincia, una actividad en la que no admite competidores, aunque sí socios y “protegidos”.

La investigación alcanza a 12 altos jefes policiales y varios funcionarios “políticos” de los distritos de San Miguel y San Fernando, entre ellos Oscar Zilochi, mano derecha de Aldo Rico, y Claudio Pérez, presidente del “Honorable” Concejo Deliberante de ese distrito. Según la contabilidad de los proxenetas, esta red recibía 18.000 pesos mensuales para que sus “locales” pudieran “trabajar” sin ser “molestados”.

D’Angelo hizo su carrera bajo la “protección” de otro conocido mafioso, el comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, y llegó a la jefatura de la Bonaerense de la mano de Ruckauf. Para reemplazarlo ha sido elegido otro hombre de “la vieja escuela”, Ricardo Gastaldi, quien estuvo al frente de dependencias “calientes” en los últimos diez años. Uno de sus destinos fue, entre 1998 y el 2000, la Departamental de Mar del Plata, en los tiempos en que el fantasmal “loco de la ruta” asesinó a numerosas mujeres. Al cabo del tiempo, la justicia descubrió que el “asesino serial” era, en realidad, una red de narcos y proxenetas. Entonces, el fiscal Fabián Fernández Gallardo denunció que “uno de los principales obstáculos para esclarecer el hecho es la propia policía”… al mando de Gastaldi. Poco después fue puesto al frente de un “equipo de investigación” para esclarecer el fusilamiento de ocho menores a manos de la Bonaerense en Don Torcuato. ¿Detenidos? Cero. ¿Acusados? Cero.

Este consumado encubridor de la mafia policial y de sus “asociados” fue puesto al frente de la Bonaerense. La impunidad, asegurada; los “negocios”, también.