“Atención/ atención/ no es un policía/ es toda la institución”.

Este fue uno de los principales cánticos de la movilización del 12 de enero frente a la Casa de la provincia de Mendoza.

Se cumplieron tres meses del asesinato de Sebastián Bordón a manos de la policía mendocina, y el operativo de encubrimiento de los responsables del asesinato se ha convertido en una “cuestión de Estado” para el gobierno provincial.

Detrás de los cinco policías procesados se extiende una extensa red de encubridores y responsables en el alto mando de la Policía, en la justicia y en el Poder Ejecutivo provincial.

La marcha por Bordón se convirtió en una confluencia de “casos”, como la AMIA, las chicas asesinadas en Cipolletti, víctimas del “gatillo fácil”, etc. Estos diferentes sectores realizarán en abril un Segundo Encuentro Nacional para “que se conozca la verdad, juicio y castigo a los culpables y basta de impunidad”. Esta lucha se plantea a escala nacional contra el Estado, principal responsable de los crímenes.

Es necesario profundizar la política de movilización popular. Para terminar con la impunidad hay que terminar con quien le da el origen, el régimen político de los ricachones y los torturadores.