El escenario

Las ciudades del Alto Valle de Río Negro están ubicadas en una gran zona productora de características rurales. En todos los casos, a pocas cuadras del centro, donde la llamada vida moderna despliega todas sus manifestaciones, brota el atraso y el embrutecimiento propios de la vida campesina potenciados por las lacras del capitalismo en crisis.

Las condiciones de vida de los peones rurales y de los que son arrojados a la marginalidad están más cerca de principio que de fin de siglo.

Más de una vez, cada tanto, alguna denuncia periodística saca a luz las condiciones infrahumanas de los habitantes de la periferia rural. El alcohol provee las calorías que la dieta no proporciona y que el organismo necesita para vivir un día más.

Los propietarios fomentan esta situación, porque de allí obtienen la mano de obra ideal: súper-barata (unos pocos pesos por día y uno o dos atados de cigarrillos), que se toma y despide al margen de cualquier legislación laboral.

La falta de perspectivas laborales, de poder tener una vivienda propia, arroja a muchos jóvenes a vivir en taperas abandonadas, entre los arbustos. Allí también van a parar muchos trabajadores que vienen de la aún más empobrecida Línea Sur, y llegan a “la” ciudad en busca de trabajo.

Esta es la escena de los crímenes de Cipolletti.

La coyuntura

Los trabajadores rionegrinos y sus sectores más activos (docentes y estatales) vienen de sufrir una serie de derrotas por sucesivas traiciones de sus direcciones sindicales. El mayor gremio de la producción (el de la fruta) fue recuperado por la burocracia y está sufriendo un proceso de vaciamiento y fragmentación en la vía de los “arreglos por galpón”.

Verani gobierna directamente como un rehén de la banca internacional y de los pulpos exportadores de fruta. No le queda casi tropelía por cometer contra las conquistas obreras. Ha montado un Estado represivo y colocó al frente de su policía a reconocidos personajes del proceso militar.

Por estos días, y después de más de ocho años de encubrimiento, salió a luz la complicidad de toda la plana policial en el asesinato de dos jóvenes en Río Colorado, que brindó impunidad a sectores ligados al poder político involucrados en esos asesinatos.

Este es el ambiente donde se producen los crímenes de las tres estudiantes.

La ‘Historia Oficial’

Conscientes que este hecho abría un nuevo flanco de crisis, los máximos jefes de todas las instituciones estatales confluyeron sobre Cipolletti para dirigir personalmente la trama de lo que parece será una ‘historia oficial’.

‘Historia’ que deja más dudas que certezas. Por ejemplo: para raptar a plena luz del día, en un lugar transitado, a tres jóvenes, se necesita mucha más infraestructura que un viejo auto y tres o cuatro borrachos o drogados. Todo esto con tanta celeridad que nadie fue testigo. Se necesita mucha ‘capacidad operativa’ también para tenerlas secuestradas, según parece a poca distancia de donde se las raptó, y luego violarlas y matarlas, y volverlas a colocar y enterrar casi en el epicentro de la zona rastrillada por centenares de personas.

Todavía nadie explicó cómo se pudieron realizar todos estos traslados, si la policía se reservó para sí el rastrillaje nocturno hasta pocas horas antes de ser hallados los cuerpos, en la zona donde precisamente éstos aparecieron por la mañana.

Debido a todas estas dudas la población sigue movilizada solicitando justicia y rápido esclarecimiento, ante la sospecha general de que el gobierno y la policía están forzando su versión de los hechos.

La movilización popular

Desde el mismo domingo a la noche, los padres de las chicas manifestaron que se trataba sin duda de un secuestro. Amigas de las chicas aseguran que la comisaría se negó a tomarles la denuncia por secuestro, ya que “no están autorizados a actuar hasta que pasen 24 horas”, aunque los abogados denuncien que eso no figura en ningún código de procedimientos.

Hasta prácticamente una hora antes de que aparecieran los cadáveres, el comisario de la zona sostenía ante los medios la teoría de “una fuga” y dieron crédito a varias denuncias que decían que se las había visto haciendo dedo hacia localidades vecinas.

Una vez conocidos los asesinatos, sin embargo, en apenas dos horas y “siguiendo una línea investigativa” ya habían detenido a dos sospechosos, ambos con antecedentes de homicidios y que la policía sabía dónde encontrar, porque viven en las cercanías.

Pero tanta ‘celeridad’ no pudo evitar la movilización popular. Esa misma tarde se desencadenó un proceso movilizador que fue organizándose en una especie de asamblea pública en la plaza central de Cipolletti, de donde parten todas las actividades y marchas.

Todos los días, entre 3.000 y 5.000 vecinos se reúnen, debaten y movilizan. El puntapié inicial lo dio el estudiantado de Ciencias de la Educación, los compañeros de una de las chicas asesinadas.

La movilización fue evolucionando en sus reclamos, y librando una lucha política en su heterogeneidad.

El primer día hubo una fuerte presión de elementos derechistas, ligados a los comerciantes más fuertes, para transformar la movilización en un reclamo por la pena de muerte, apoyándose en la indignación general. Esta presión reaccionaria fue avalada por el ‘procesista’ jefe de policía, quien en la conferencia de prensa dijo que los arrestados “no merecían vivir”.

Con eje en los estudiantes de la Universidad, que asumieron una posición de rechazo a la pena de muerte, se libró una disputa política que fue transformando el estado de ánimo.

El segundo día (el del entierro), el gobierno trató de que no hubiera marcha, alegando que era un día de ‘recogimiento’. Desde Ciencias de la Educación se convocó nuevamente para la tarde con masiva asistencia y se constituyó una Comisión para no dejar la investigación sólo en manos de quienes hace ocho años encubren un caso similar.

El movimiento aún fluctúa entre una posición antigubernamental y la confusión. Los elementos más reaccionarios no han logrado que prenda su consigna, pero el movimiento aún carece de objetivos precisos, en gran medida porque en un marco de dudas sobre la ‘historia oficial’, no existen elementos de peso, por ahora, para emparentar este caso con otros ligados a las mafias del poder político y económico.

Es así un gran movimiento de base democrática y se da en una situación donde el gobierno debe continuar aplicando medidas antiobreras (retrasos salariales, no pago de aguinaldos adeudados, etc.). De allí su urgencia de disgregar este proceso movilizador, que comienza a convocar a contingentes de localidades vecinas: Cinco Saltos, Allen, Fernández Oro.

Asamblea pública versus instituciones

Fracasada la maniobra reaccionaria, los ‘representantes institucionales’ (intendente, concejales y diputados) se reunieron a espaldas de la Asamblea para elaborar un petitorio que, según ellos, “asume lo que reclama la comunidad”. Entre otras cuestiones, pide más efectivos policiales y medios represivos, nuevos destacamentos en los barrios y reformas a códigos procesales para dificultar las normas de excarcelación, tanto a nivel provincial como nacional.

Un Foro Regional de Concejales de Neuquén y Río Negro, reunido el 13 de noviembre en Fernández Oro, para tratar el tema de la caída de los ‘planes Trabajar’, cambió de temario y decidió presionar a sus respectivos legisladores para que reformen los códigos procesales para hecerlos menos permisivos y crear Comités de Seguridad Municipales en cada localidad (con funcionarios, policías y ¡¡directores de colegios!!). Una verdadera campaña de reforzamiento de la represión y la vigilancia al pueblo. Algo que en Villa Regina alcanza ribetes de escándalo, con la colocación de cámaras de televisión en la vía pública.

El desenlace del movimiento, en un sentido o en otro, va a depender de la situación general, del estado de ánimo y de nuevas luchas. Pero sobre todo, va a depender de la lucha política que realicemos en el seno del movimiento.

Tampoco está cerrado el caso. Puede estallar un escándalo político si la ‘historia oficial’ esconde un nuevo encubrimiento oficial.