02/09/2015 | 1379

10 de septiembre: la Corte llama a debatir el derecho de huelga


La Corte Suprema de Justicia convocó, para el próximo 10 de septiembre, a una audiencia pública sobre un tema crucial: cuáles son las organizaciones habilitadas legal y constitucionalmente para disponer medidas de acción directa en un conflicto laboral.


 


La convocatoria a la audiencia fue resuelta a raíz de una lucha que llevaron adelante trabajadores del Correo sin el apoyo del sindicato de la actividad, lo que derivó en el despido de 46 empleados.


 


Uno de ellos llevó su caso ante la Justicia. Un fallo de la Cámara del Trabajo y otro de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones consideraron que los despidos fueron discriminatorios, desde el momento que los trabajadores fueron cesanteados por ejercer el derecho de huelga y su ejercicio corresponde a cualquier colectivo de la actividad u oficio aunque sus integrantes no estén afiliados a un sindicato.


 


El gobierno -el Correo es una empresa estatal administrada, además, por la burocracia sindical de Foecyt- apeló y elevó un recurso a la Corte impugnando este criterio y ésta convocó a la audiencia, habilitando la presencia de «amicus curiae», es decir instituciones o personas interesadas en fijar posición en este debate.


 


Un debate clave en tiempos de ajuste


 


La burocracia sindical de ambas CGT ha planteado que la titularidad del derecho de huelga corresponde sólo y exclusivamente a las organizaciones con personería gremial, lo que significa dar vía libre a la represión patronal cuando una asamblea, cuerpo de delegados o cualquier otra instancia colectiva emprenda acciones de lucha. Es lo que se supone defenderá la UIA, que también ha pedido su participación en la audiencia.


 


La Corte produjo fallos -en medio de la crisis política con el gobierno, dos años atrás- a favor del reconocimiento de reclamos de sindicatos simplemente inscriptos, pero no se pronunció taxativamente sobre el derecho a decretar la huelga por parte de estas organizaciones. Como jamás reparó en la situación de centenares de sindicatos que reclaman su simple inscripción y no la tienen, por la «losa» impuesta por el gobierno.


 


El derecho de huelga no se toca


 


Si se apela a esta historia, puede decirse que el derecho de huelga seguirá en peligro, sobre todo cuando la totalidad de los candidatos que dominan el escenario político tienen como centro de sus preocupaciones inmovilizar al movimiento obrero en una etapa de devaluación, ajuste y contención de salarios. Finalmente, en la supuesta década ganada, la política del gobierno fue respetar a rajatabla el monopolio de la representación sindical por parte de la burocracia sindical, un monopolio garantizado no por la soberanía de las asambleas sino por la acción despótica del Estado. La ley sindical que establece este régimen dictatorial fue vuelta a poner en valor bajo el gobierno de la UCR en el regreso al estado de derecho, como fruto de un acuerdo estratégico con la burocracia y el peronismo.


 


Lo que guía la acción de la burguesía frente al movimiento obrero no es la democratización de las relaciones al interior de los sindicatos, sino la «máxima» del líder del PRO dirigida a la burocracia: «Yo los voy a ayudar a frenar a los troskos que les están complicando la vida».


 


Exigimos y defendemos la más amplia libertad de organización, lucha y representación sindical. La huelga es un derecho histórico inalienable de la clase obrera, que hace a su existencia y a la de los sindicatos que le responden.

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