El Indec publicó los datos correspondientes a los índices de pobreza e indigencia del segundo semestre del 2022, con un salto del 36,5 al 39,2% de pobres y una consolidación de 8,1% de indigentes. Las políticas de ajuste del gobierno y el FMI sumaron más de un millón de pobres en seis meses, ascendiendo a un total de 18 millones y 3,7 millones de indigentes.

El incremento de la población que reviste la condición de pobre se explica rápidamente por el salto de las canastas que miden umbral de la pobreza y la indigencia, en relación a la inflación promedio del IPC y a los ingresos salariales y populares.

La Canasta Básica Total (pobreza) escaló en el último año 111,3% llegando a $177.063 para el mes de febrero; la Canasta Básica Alimentaria (indigencia) ascendió un 115,1% alcanzando los $80.483; el IPC promedio, en cambio, se ubicó en un alza interanual del 102,5%; mientras que la variación interanual del Índice de Salario que mide el Indec subió solo un 90,4% (sin ningún sector que supere la inflación), el salario mínimo un 78,47% (a marzo 2023) y las jubilaciones un 79,7% (marzo 2023).

El informe del Indec sobre “Incidencia de la pobreza y la indigencia (EPH), segundo semestre 2022” refleja que los ingresos promedio familiares aumentaron para el periodo un 37,3%, contra aumentos de las canastas regionales promedio de 43,5% (CBA) y 44,4% (CBT). El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $83.758. También que el 54% (uno de cada dos) de los niños de entre 0 y 14 años es pobre.

Esta resultante tiene un fundamento concreto en las políticas aplicadas por el gobierno del Frente de Todos, ordenadas por el FMI. La disparada de los precios, principalmente de los alimentos y los bienes y servicios de consumo masivo, es resultado de la liberación de precios (combustibles, telecomunicaciones, salud, etc.) y tarifas (luz, gas, agua, transporte) impulsadas por el gobierno, en sintonía con el ajuste fiscal en curso. A lo que se suma la suba de las tasas de interés que encarecen el crédito, entre otras medidas.

Esto viene siendo combinado con un ataque a los ingresos y condiciones de vida de los trabajadores. El gobierno nacional comenzó el año con el planteo de una pauta salarial de techo a las negociaciones paritarias del 60%, contra una inflación que viene de quebrar el 100% y que todo apunta a seguir en la misma tónica. Además, el gobierno ataca a los gremios que desafían dicha pauta salarial o que desenvuelven sus reclamos, como ocurrió con la lucha del Sutna, o como ocurre con los gobernadores que atacan a los docentes y estatales, con descuentos de los días de paro, que lo alcanzan a la canasta de pobreza.

En 2022 los salarios privados culminaron un punto porcentual (93,8%) por debajo de la inflación anual, pero más lejos aún de las canastas de pobreza e indigencia, que para diciembre del 2022 cerraron en un aumento del 100,3 y 103,8%, respectivamente. Para el caso de los trabajadores en la informalidad el aumento anual fue tan solo del 65%, contra el 94,8% del promedio de los precios.

Otro dato significativo de la política oficial es el ajuste sobre el salario mínimo, que viene de ser “actualizado” con un aumento del 26% en tres cuotas, permitiendo que el ingreso salarial base supere a la canasta alimentaria de febrero recién en el mes de mayo, para llegar a junio a escasos $87.962.

El agravamiento de la pobreza es un dato que expone a orientación que desenvuelve el gobierno a través de sus ministerios, como el de Desarrollo Social que conduce la ministra Victoria Tolosa Paz, quien viene justificando el recorte de 85.000 programas sociales, alimentos y herramientas para los trabajadores pobres e indigentes que quieren salir de la miseria social.

Esta política se expresa en el ajuste de las partidas presupuestarias para el gasto social en tónica con las demandas del FMI. Aquí es cuando el discurso oficial se doblega ante una realidad insoslayable.

El crecimiento de la pobreza es consecuencia directa de la aplicación del programa fondomonetarista y la resultante del régimen de hambre y miseria al cual nos llevaron los sucesivos gobierno capitalistas y sus políticos, con una pobreza estructural que no baja del 25% de la población durante las últimas décadas.

La salida a este sistema de pobreza y barbarie es la ruptura con el FMI y con la continuidad social de los negocios capitalistas, que engendra cada vez más miseria y hambre, con una sociedad sobre nuevas bases, donde se desenvuelvan las reivindicaciones de los trabajadores –trabajo genuino, salario superior a la canasta familiar, obras públicas, industrialización, etc.- bajo control de los trabajadores. Un planteo que desarrolla el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, en medio de la actual crisis política y social.

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