El Indec acaba de publicar los datos oficiales de la inflación del mes de agosto, con una suba del 2,5% y un acumulado desde enero del 32,3%. A pesar de que el gobierno sigue manifestando que los precios se “desaceleran”, la votación de las Paso pusieron de manifiesto el escepticismo respecto a esto y el rechazo al ajuste producido con la licuación de los salarios y los ingresos populares.

Con estos números, la inflación interanual se ubica en un 51,4% en promedio, lo que refleja la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, con paritarias promedio de entre el 40 y 45% y un salario mínimo que, por ahora, solo “subió” un 35%.

Entre los aumentos más destacados del mes se encuentran educación (4,2%), salud (4,2%), recreación (3,7%) y prendas de vestir (3,4%). El IPC Núcleo, que mide los bienes y servicios no regulados por el Estado o no afectados por la estacionalidad, se ubicó en un 3,1%, por arriba de la media, siendo lo que impacta realmente en los comercios de proximidad y barrios más carenciados -y proyecta aumentos futuros.

El dato del momento es que nadie cree en la “previsiones” y “pronósticos” económicos del gobierno, cuando la pauta oficial de inflación del 29% -a lo que se ajustó gran parte del gasto público del Estado- fue barrida por la realidad. La idea de que los salarios le van a ganar a la inflación no pasa de un slogan de campaña, con poco éxito en las urnas.

Se espera que para el mes de septiembre la inflación siga rondando el 3%, con el impacto del aumento de los biocombustibles y el impulso de la suba de los precios de los alimentos, que acumulan una suba por arriba del promedio. Además, todos los analistas privados apuntan el 80% de diferencia en la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue, lo que los capitalistas ya trasladan a los precios para cubrirse de la inflación, sin que esto descarte futuros aumentos, de concretarse la misma.

Para el caso de los jubilados que cobran la mínima, el aumento de septiembre los ha dejado en un acumulado de 36,2%, lo que los deja a tiro de la inflación de septiembre, que al vencer el mes habrá superado nuevamente a las jubilaciones y acumulará más perdida en los meses siguientes. Esto no lo resuelve ningún bono de temporada, ya que se sigue deteriorando el ingreso básico de los jubilados, con un piso de miseria de $25.922.

Un dato arrojado por el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor estima que una familia porteña necesito $150.000 mensuales, en agosto, para afrontar el total de sus gastos: un número que escapa a la abrumadora mayoría de la población del país y que da cuenta del encarecimiento nominal del costo de vida.

Tras el resultado de las últimas elecciones el gobierno se encuentra en un callejón sin salida, en los términos de su propia política. Alberto Fernández se ve obligado a reconocer las consecuencias políticas del ajuste que desenvuelve, en los término del FMI. Pero este mismo rumbo emprendido no le deja margen para modificaciones esenciales, por lo que se reeditan medidas cosméticas como los bonos discontinuos a los jubilados y un IFE recortado, sin ninguna política integral para solucionar la desocupación ni recomponer los ingresos de la población trabajadora, y dejando el haber mínimo jubilatorio en niveles de indigencia.

El gobierno nacional sigue repitiendo las restas de su fracaso, luego de desmantelar el principal programa de regulación de precios (Precios Máximos), que aun así lo había logrado parar el avance de la inflación.

El malestar por esta política inflacionaria confiscatoria se hizo sentir en las elecciones del pasado domingo, y también se expresó en el caudal de votos acumulado por el Frente de Izquierda Unidad en todo el país, llegando al millón de votos: un apoyo consciente a quienes luchan contra la degradación de los salarios y la confiscación del bolsillos de los trabajadores.

La inflación una expresión de la desorganización económica del país y de la propia crisis del régimen social actual, y solo una reorganización social sobre nuevas bases, con un plan económico que ponga los resortes de la economía en manos de los trabajadores, con la nacionalización de la banca y el comercio exterior, el no pago de la deuda externa y el desarrollo de la industria nacional, entre otras cosas, permitirá una salida para los trabajadores.