Cuando el gobierno acelera las negociaciones con el FMI para arribar a un acuerdo ruinoso que afectará a millones de trabajadores, un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) coloca la pobreza en un 43,8% de la población y revela un récord de trabajadores pobres en los últimos 10 años.

El estudio corresponde al Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y si bien expresa una leve mejoría porcentual, pasando del 44,7 al 43,8% actual, ofrece un cuadro sombrío respecto a la pérdida del poder adquisitivo de la población ocupada y una alta dependencia de la precaria asistencia directa del Estado.

Entre los datos más significativos, el porcentaje pobre de la población ocupada ascendió a su máximo de los últimos 10 años, ubicándose en un 28,2%. Esto se debe, principalmente, al deterioro de los salarios e ingresos, por vía de la inflación, la devaluación y paritarias a la baja. Sumado a una tendencia que osciló entre el estancamiento y la caída del empleo, con “recuperaciones” asentadas bajo formas más precarias de contratación.

No hay salida sin empleo… bien pago

El informe de la UCA destaca que en el último período, relevado entre julio y octubre del 2021, solo el 42,1% de la población económicamente activa pudo acceder a un empleo “pleno de derechos”, mientras que un 28,3% osciló entre el desempleo y un subempleo inestable (changas, planes sociales, etc.). Otro 29,6% contó con un empleo regular pero precario, superando solo niveles de subsistencia.

Otro dato coloca que entre el 2019 y 2021 el poder adquisitivo de los ingresos laborales del conjunto de los ocupados cayó el 7,4%, dejando una media de ingresos mensuales de $50.534, en 2021. Este número ascendió a $68.973 para los trabajadores con empleo pleno y a $44.798 y $18.637 para empleo precario y subempleo inestable, respectivamente. Todas cifras inferiores a la Canasta Básica, hoy en $72.365.

El 47% de los trabajadores no está integrado al sistema de seguridad social, solo el 29% de la población ha mantenido un estatus de “empleo pleno” en los últimos 3 años y el 29,6% de los asalariados se encuentra en la informalidad. Mientras el 44,1% de los ocupados experimentaron pobreza en algún momento, entre 2019 y 2021, lo que coloca a 4 de cada 10 ocupados en el umbral de las necesidades básicas.

Programas sociales, trabajo y hambre

En cuanto a la asistencia social y económica directa del Estado, se destaca que el 44,7% de la población es destinataria de estas medidas, y que dichos ingresos y recursos se han vistos disminuidos por falta de actualización ante el impacto de la inflación, lo que da cuenta de las consecuencias de la política de ajuste fiscal del gobierno.

El informe de la UCA también destaca que la conversión de planes sociales en empleo, bandera del Alberto Fernández para convertir esta asistencia en subsidios a las patronales, sería irrealizable debido a la inexistencia de demanda para crear esos puestos de trabajo.

Según estimaron desde el Observatorio de la Deuda Social se necesitarían 6 millones de puestos de trabajo para salir de esta crisis, con meta en el 2030, lo que demandaría generar al menos 400.000 empleos por año, y un shock de 1,5 millones de trabajos de forma urgente. Algo que resulta incompatible con la huelga de inversiones de las patronales, que reclaman una reforma laboral y una mayor depreciación de los salarios y las condiciones laborales.

Está claro que esto resulta inviable sin la reorientación de los recursos nacionales, los cuales son fugados y saqueados por los capitalistas -particularmente con el pago de la deuda externa- para un plan de obras públicas y viviendas, junto a un programa de fondo, de los trabajadores, que implique la nacionalización de la banca, el control del comercio exterior, el impuesto a las grandes fortunas, la recuperación de los recursos nacionales y el desarrollo de la industria, para ponerlos al servicio de las necesidades populares.

Todo un programa que se opone por el vértice a las negociaciones del gobierno y la oposición patronal con el FMI y el capital financiero, que buscan enterrar aún más a la población trabajadora en la pobreza, el hambre y la miseria. El sábado 11, la Plaza de Mayo se colmará de luchadores y luchadoras, contra esta orientación de ajuste fondomonetarista.