Cada vez más familias trabajadoras no pueden hacer frente en tiempo y forma al pago de las facturas de los servicios esenciales. Así lo da cuenta un estudio de la defensoría del Pueblo de Córdoba que sostiene que "6 de cada 10 usuarios se han atrasado en el pago de los servicios básicos durante los meses de cuarentena". El dato muestra un aspecto de la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

En ese sentido, el mencionado estudio reveló que "el 92 por ciento de aquellos que no pagaron o cayeron en algún grado de morosidad dijo que la causa es la imposibilidad de cubrir el total de gastos del grupo familiar".

En el caso del servicio de energía eléctrica, "el 52 por ciento de los usuarios no abonó o pospuso el pago. En el gas natural, esa mora alcanzó al 36 por ciento de los clientes consultados".

Cabe recordar que aunque regia un congelamiento de las tarifas hasta finales de diciembre, se impusieron aumentos imposibles de pagar para familias trabajadoras, lo que devino en una morosidad. La empresa provincial de energía (Epec) lanzó distintos planes de pagos en cuotas para sectores residenciales pero a la luz de los hechos es clara su inviabilidad.

Además, de acuerdo a la citada fuente "para la mitad de los usuarios, la suma del gasto total en energía eléctrica, gas natural, agua potable e internet representa más del 30% del ingreso familiar".

La investigación se limitó analizar el pago en tiempos de cuarentena, lo que reveló que más de la mitad de usuarios se atrasaron a pagar. Pero la vuelta a la actividad no trajo una mejora de conjunto en los ingresos sino todo lo contrario, una caída de salarios y jubilaciones.

De ese modo, con un trabajo formal no alcanza para evitar caer en la línea de la pobreza, puesto que al menos el 80% la fuerza laboral del Gran Córdoba gana menos de $40 mil, en momentos en que la canasta básica llegó a los $49.912.

En este marco, hay que tener en cuenta que las empresas de telecomunicaciones que brindan servicios de TV por cable, telefonía e internet definieron aumentar un 20% las tarifas a partir del mes de enero, lo que incrementará aún más la liquidación del salario y jubilaciones.

Soledad Díaz, legisladora por el Partido Obrero en el FIT realizó acciones en el Ersep y en el parlamento para que el gobierno retroceda en imponer un tarifazo eléctrico mediante mediciones que no se condicen con el consumo de la población.

La defensa del salario y las jubilaciones resultan elementales para enfrentar la ofensiva ajustadora mediante tarifazos por parte de quienes gobiernan. Otro aspecto esencial es impulsar la estatización de las empresas bajo control de trabajadores y usuarios, para poner fin al saqueo y garantizar los servicios esenciales para el pueblo trabajador.

 

 

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