Con los datos recién publicados por el Indec se acaba de dar a conocer lo que todo el mundo daba por descontado: un nuevo salto en la inflación y en los precios de los alimentos, con un aumento promedio en marzo del 6,7%. El gobierno sigue la receta ajuste del FMI, cuando se agrava la crisis alimentaria y social.

Los datos surgen del Índice de Precios al Consumidor, publicado por el Indec, que calcula la inflación promedio para el mes de marzo en 6,7%, con un aumento interanual del 55,1%. Entre los aumentos vuelve a destacarse la suba en los alimentos del 7,2%, echando más nafta al fuego de la crisis social y al reclamo popular en las calles por trabajo y asistencia económica para sobrevivir.

El gobierno, ni bien comenzada la perdidosa “guerra contra la inflación”, había dado por perdido, también, el mes de marzo, amparándose en una “situación internacional excepcional” por la guerra en Ucrania y el crecimiento de la inflación mundial. Sin embargo, el impacto en la Argentina es responsabilidad plena de las políticas de gobierno, que conducen a privilegiar los negocios de los exportadores, las petroleras y el FMI, contra los trabajadores.

Diario de la “guerra a los precios”

Desde la administración el presidente Alberto Fernández siquiera se ocuparon de ejecutar las medidas anunciadas por sus propios funcionarios, tales como la retracción de los precios de 1.700 productos con “subas injustificadas” –según el propio Feletti no se ha completado- o la implementación del tan mentado fideicomiso del trigo, con el supuesto propósito de “aminorar” el impacto de los precios internacionales.

Respecto a Precios Cuidados, el gobierno viene de pactar aumentos mensuales autorizados del 3%, respondiendo a las presiones patronales en mesas y negociaciones sectoriales que no se trasladan en ningún efecto positivo en la “mesa de los argentinos”, como el fallido Súper Cerca y los acuerdos de precios para comercios de proximidad que nunca se cumplen.

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El gobierno celebra entre sus medidas la caída en la emisión monetaria y el salto en las tasas de interés –van tres en el año y se prepara una cuarta suba-, tal cual lo ha pactado con el FMI, lo que de paso encarece el crédito y las patronales trasladan a los precios, y alimenta aún más el estancamiento de la “recomposición” económica pospandemia.

El “ahorro fiscal” que impulsa Guzmán y compañía está cimentado sobre el recorte en el gasto pública. Testigo de ellos son las y los millones de trabajadores desocupados que no acceden a la asistencia económica del Estado ante la negativa del gobierno reabrir los programas sociales. Mucho menos a un empleo remunerado y registrado. Se trata de las principales víctimas de la escalada de los precios, que torna prohibitiva una correcta alimentación.

Con el pacto hasta el fondo

El gobierno insiste con que las recetas del FMI van encaminadas a combatir la inflación, lo que ha sumado incluso un nuevo capítulo de la “interna” oficialista que opone al ministro albertista Guzmán con el Secretario de Comercio Interior, el cristinista Feletti.

Los debates sobre un mayor o menor “intervencionismo” del Estado o un “acuerdismo” en mesas de diálogo han quedado caducos luego del fracaso del Congelamiento de Precios de Feletti, quien ahora aparece con Máximo Kirchner y Kicillof, en la provincia, apoyando un “lanzamiento de medidas propias” contra la inflación (más de lo mismo), o el fallido “acuerdo de precios y salarios” oficial, con lo cual solo se avanza en anclar los ingresos obreros por debajo de la suba de los precios..

El problema de fondo es el Fondo, cuyo programa económico plantea la liberación de tarifas y precios, la eliminación de subsidios trasladando las subas a los precios finales, la dolarizaciones e internacionalización de los precios de la energía y materias primas, la suba de la tasa de interés, una mayor devaluación, etc. Además de que el pacto es un punto de apoyo de las patronales de la alimentación y los capitalistas para justificar la no alteración de sus intereses, sumado a que ninguno confía en que el “plan” del gobierno-FMI haga despegar la economía lo que acentúa la huelga de inversiones privadas.

Hay que romper el pacto de ajuste y expulsar al FMI del país para reorientar los recursos y el programa económico sobre nuevas bases, partiendo de la nacionalización del comercio exterior y la banca, y la intervención de toda la cadena de valor, bajo control obrero, para terminar con la especulación capitalista. Junto a una recomposición general de los salarios para recuperar el poder adquisitivo perdido y cubrir la canasta familiar.

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