En estos días se dio a conocer la noticia de que los fondos de inversión Pimco y Templeton se han fugado del país  750 millones de dólares. La operación responde a que, en noviembre pasado, el ministro de economía, Martín Guzmán, les concedió a estos pulpos de las finanzas internacionales ingresar a una licitación en dólares para que pudieran deshacerse de sus posiciones en títulos públicos nominados en pesos. Como se ve, en medio de un agravamiento de la crisis sanitaria, el gobierno de Alberto Fernández prioriza destinar los recursos del país en complacer al capital financiero.

Como hemos denunciado, las nuevas restricciones gubernamentales consistieron en medidas estériles para revertir el cuadro de saturación que atraviesa el sistema de salud ante la suba de contagios. Por un lado, no se robusteció el sistema sanitario para hacer frente a la demanda, y, por otro, el grueso de la actividad económica permaneció sin alteraciones ya que el gobierno no está dispuesto a otorgar la asistencia social que ameritaría un cierre significativo.

Ahora bien, la fuga de divisas que vienen protagonizando los fondos de inversión da cuenta de que son las mayorías populares las que padecen las consecuencias del ajuste, mientras el capital financiero internacional se llena los bolsillos especulando con la deuda local. Si el gobierno hubiera destinado esa suma de dinero en salud y asistencia económica para que las familias pudieran sobrellevar la pandemia quedándose en sus casas sin morirse de hambre, los contagios se hubieran reducido, y, a su vez, los centros de salud no estarían al borde del colapso.

Con los 750 millones de dólares que se llevaron Pimco y Templeton se hubieran podido comprar 46.012 respiradores y 839.199 camas de terapia intensiva, cuyo nivel de ocupación hoy llega al 76% en el AMBA. Por otra parte, esa suma equivale a 1.135.952 salarios iguales a la canasta básica, lo mínimo que reclaman los trabajadores de salud, quienes perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza.

 

En cuanto a la asistencia social, la cifra fugada por los fondos de inversión es 5 veces superior al monto que destinará el gobierno para otorgar el bono de $15.000 que recibirán un millón de personas por única vez. Con 750 millones de dólares, a su vez, se podrían otorgar 1.741.875 seguros al desocupado de $40.000, reclamo que impulsa el movimiento piquetero independiente y que el Estado desoye. Para tener una referencia, esa suma de dinero equivale a 2.692.233 canastas alimentarias, a la cual 5 millones de argentinos no llegan a acceder.

 

Los mecanismos de usura y drenaje de divisas que lleva adelante la clase capitalista con la ayuda del gobierno son incompatibles con el desarrollo de cualquier plan para enfrentar el recrudecimiento de la pandemia. Es necesario oponerle al régimen que premia a los Pimco y a los Templeton, una reorganización social y económica del país que priorice las necesidades populares.

Se deben cerrar todas las actividades no esenciales sobre la base de que se prohíban los despidos y rebajas salariales; en caso de que la patronal aduzca una crisis, proceder a la apertura de sus libros contables y si la comprueba que el Estado se haga cargo de salario íntegro de los trabajadores. Es necesario un seguro al desocupado de $40.000 y un aumento de emergencia a los jubilados de $15.000. Salario mínimo equivalente a $60.000 con paritarias libres indexadas a la inflación. Centralización del sistema de salud y triplicación del presupuesto; ampliación de Unidades de Terapia intensiva y respiradores; recomposición salarial del personal de salud. Este plan debe ser financiado a través de aplicar un impuesto progresivo al gran capital, romper con el FMI, repudiar la deuda usuraria y frenar la fuga de capitales por medio de la nacionalización de la banca bajo control obrero.

 

 

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