Los cortes de luz que se extendieron en el día de ayer por el área metropolitana, con picos en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y en diversas localidades del conurbano bonaerense, han vuelto a colocar el problema de las concesiones del servicio de electricidad y el estado de la infraestructura energética de los principales conglomerados de la población.

Con momentos donde el apagón afectó a más de 90 mil usuarios del servicio, los cortes de luz se hicieron sentir en un día donde las temperaturas superaron los 36 grados de sensación térmica.

La empresa Edesur salió rápidamente a justificar los cortes argumentando que no se trataba de una sobredemanda de la capacidad eléctrica sino que se habrían combinado dos desperfectos técnicos que ocasionaron el apagón. Para la población, que ya tiene algo de experiencia en este rubro, el vínculo entre las altas temperaturas y los cortes siempre fueron sinónimo de colapso energético y de falta de inversión. Otro dato que apunta en esta dirección es que la empresa Edenor también sufrió cortes en el día de ayer, llegando a casi 8 mil usuarios de la totalidad de los afectados. Aquí lo esencial, sí aparece evidente a los ojos.

Concesiones oscuras

El gran tema detrás de los apagones es el funcionamiento de las concesiones del servicio eléctrico, el cual está hecho a medida de las empresas del rubro.

En el marco de los acuerdos de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), las empresas concesionarias del servicio se comprometieron a realizar inversiones en el tendido y la infraestructura eléctrica -por el periodo que va del 2017 al 2021- a cambio de un aumento progresivo de las tarifas. Sin embargo el ente que regula esta actividad (ENRE) no realiza una auditoría periódica de lo que informan las empresas, sino que solo se limita a imponer multas cada vez que el servicio colapsa. Esto deja riendas sueltas para que las compañías declaren abultados montos de inversión -Edesur dice haber aumentado la inversión en un 79% de agosto del 2018 al mismo período del 2019- sin que se verifique en la práctica que eso haya sido destinado a aumentar la calidad del servicio. Mientras tanto la suba en las tarifas -este año rondando el 44%- les ha permitido a las empresas embolsarse importantes ganancias. Al mes de agosto, Edesur registraba ganancias por $8.587 millones y Edenor $10.828 millones, ello en un cuadro de una marcada caída de consumo debido a la crisis económica y de cierre de establecimientos productivos.

El de la tarifa de luz lidera holgadamente el ranking del incremento de los servicios bajo el gobierno macrista: en los últimos cuatro años ha escalado a la cifra de un 3.668%, que fueron directamente a golpear el poder adquisitivo y los bolsillos de los trabajadores.

Tarifazos o más cortes

En este escenario, las empresas querrán hacer valer los acuerdos asumidos por el gobierno saliente, que plantean  un aumento escalonado de las tarifas hasta el 2021. Este acuerdo había sido el producto de las presiones de las empresas concesionarias para obtener una liberación y dolarización de las tarifas, jugando la carta de la “insuficiencia económica” para realizar las inversiones correspondientes. De este mismo argumento se valió el macrismo para aumentar las tarifas con la promesa de garantizar un servicio eficiente.

La continuidad del esquema de las concesiones privadas, que el flamante gobierno no ha puesto en cuestión, aparece como incompatible con un servicio barato y eficiente para el conjunto de la población trabajadora.

Frente al vaciamiento energético desenvuelto con la complicidad de todos los gobiernos, planteamos la expulsión de las empresas concesionarias, la anulación de los tarifazos y la estatización bajo control obrero para garantizar la inversión y el desarrollo del servicio de electricidad.