Entre el 29 de abril y el 3 de mayo de 2003, se dio una de las peores tragedias en la capital de la provincia de Santa Fe, bajo el gobierno de Carlos Reutemann. La inundación de la ciudad durante cinco días concluyó con un tercio de la ciudad bajo el agua y 23 víctimas fatales “oficiales”, mientras que organizaciones no gubernamentales y familiares elevan la cifra a 160 muertos.

Un aniversario particular en medio de una pandemia

La pandemia del coronavirus puso sobre la mesa la falta de presupuesto y recursos destinados a las áreas de salud e infraestructura por parte del Estado y los gobiernos provinciales, a la vez que exige balances respecto de experiencias anteriores y debates sobre la “imprevisibilidad” de estos fenómenos.

El fenómeno de la inundación, lejos de ser aislado y “natural”, evidenció la falta de recursos e infraestructura por parte del Estado para afrontar el problema en medio de la crisis económica que azotaba al país. El gobernador, del Partido Justicialista, ignorando los antecedentes y los informes presentados por la Facultad de Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral desde 1992, quedó grabado en la memoria de los santafesinos por declarar “A mí nadie me avisó nada”, queriendo desligar su responsabilidad de la catástrofe que azotó al pueblo de la capital.

Cambian los gobiernos, sigue el hacinamiento y las inundaciones

Sin embargo, del 2003 para acá tampoco se revirtió nada. Por el contrario, las inundaciones en la región son frecuentes producto del cambio del uso del suelo a raíz del agronegocio sojero, la imposición del monocultivo, como la soja, y los efectos del cambio climático. Un cuadro que reduce la capacidad de absorción de los suelos frente al afluente de un gran caudal de agua. Los sucesivos gobiernos continuaron abocándose a negocios millonarios de obras públicas, autovías y puentes, es decir, a realizar las obras de infraestructura que exigen las agroexportadoras para abaratar sus costos, y no a elaborar un plan de canalización y de obras hídricas.

A su vez, el último relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que identifica asentamientos informales, se registró que en la provincia de Santa Fe hay 333 villas. En tanto, en la ciudad de Santa Fe se registraron 74 de esos asentamientos, en los que viven 14.629 familias, aproximadamente 48.288 personas en situación de hacinamiento y precariedad. Al día de hoy, en la mayoría de las barriadas de la provincia, vecinos denuncian a los medios locales, constantemente, que no hay un sistema de desagüe integral que recoja el agua de lluvia, así como las residuales de los domicilios, a la par de que carecen de acceso al agua potable. Es decir, estamos frente a un cuadro que es caldo de cultivo para brotes infecciosos y de enfermedades virales como el dengue, a la vez que incrementa la exposición y la transmisión del coronavirus en las barriadas populares por no tener los medios y recursos para poder afrontar una cuarentena.

Ahora, frente a la pandemia la historia no es muy distinta. El gobierno provincial, con pretexto de la situación de emergencia, se atribuye poderes que no son para mejorar la situación de lxs trabajadores, el sistema de salud, la asistencia social o elaborar un plan de viviendas que saque el hacinamiento a miles de trabajadores, sino para anular cláusulas gatillo y paritarias, mientras que avanza sobre los Convenios Colectivos de Trabajo habilitando despidos, como el Decreto 337/2020 de Omar Perotti.

En este nuevo aniversario exigimos juicio a los responsables. No a la prescripción de la causa. Plan de viviendas y urbanización de los barrios populares. Planes de obras públicas integrales.