Este 23 de diciembre se cumplen 35 años de la sanción de la ley de Punto Final, que fue el primer eslabón de una larga cadena de impunidad de las Fuerzas Armadas y los represores de la última dictadura militar, que se extiende hasta la actualidad bajo los sucesivos gobiernos “democráticos”, bajo distintas modalidades.

La ley de Punto Final (N° 23.049) fue el fruto de las presiones de las Fuerzas Armadas y el establishment para poner un límite al enjuiciamiento de los responsables intelectuales y materiales de la represión asesina perpetrada por la dictadura cívico-militar. A esas alturas, la Justicia solo había avanzado en el Juicio a las Juntas Militares y un segundo juicio en el que fueron condenados Ramón Camps, Ovidio Pablo Riccheri, Miguel Etchecolatz y otros, por la represión y los crímenes del “Circuito Camps”.

La ley de Punto Final puso un coto a estos escasos enjuiciamientos, estableciendo el tope de 60 días (feria judicial mediante) para imputar a los genocidas, periodo tras el cual tendrían impunidad ante la ley.

Esto fue resistido por las organizaciones de DD.HH., partidos de izquierda y sectores del movimiento obrero, con el protagonismo de las Madres de Plaza de Mayo, con una contundente movilización de decenas de miles de personas el 20 de diciembre. Y luego de la sanción fue continuado con una labor intensa para imputar a la mayor cantidad de represores, lo que volvió a inquietar a los genocidas y dio lugar al levantamiento Carapintada y más tarde a un nuevo favor del gobierno de Raúl Alfonsín con la ley de Obediencia Debida, que cortaba el hilo de las responsabilidades por debajo del cargo de Coronel.

Entre 1989 y 1990, el presidente Carlos Menem indultó a los represores que no había logrado “zafar” con el Punto Final y la Obediencia Debida. Entre ellos los exmiembros de las Juntas Militares, y a los participantes del alzamiento Carapintada. De esta forma la impunidad era total.

La lucha contra la impunidad logró arrancar, en 1998, los Juicios por la Verdad, que se realizaron en la ciudad de La Plata, con el límite de que la vigencia de las leyes alfonsinistas y los indultos menemistas cercenaban la posibilidad de avanzar en condenas penales.

Más tarde, en 2003, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, fueron derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, cuando gran parte de los genocidas y represores ya había fallecido o superaba ya los 80 años de edad. Y en 2005 la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de ambas leyes, reabriendo los juicios. La derogación de ambas leyes también fue un recurso para evitar la extradición a España de varios de los genocidas, para instrumentar los juicios en el país de tal manera de garantizar la impunidad.

El sistema de imputación y enjuiciamiento solo permitió avanzar en la condena de algunos pocos represores. Según el último informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad fueron imputadas 3.448 personas y se dictaron 250 sentencias, en las que resultaron condenadas 1.013 personas (276 de ellas con al menos un fallo firme) y absueltas 164. Esto reviste en tan solo 863 genocidas privados de su libertad, de los cuales 638 gozan de prisión domiciliaria.

“Dar vuelta la página”

Desde asumido Alberto Fernández su discurso sigue la senda de la reconciliación con las Fuerzas Armadas, sobre la base de una supuesta “democratización” de la institución. Es a lo que se apunta con la designación en cargos jerárquicos de las Fuerza Armadas a personal de la “generación democrática”.

Recordemos que al comienzo de la pandemia, y en medio de la cuarentena, el gobierno montó una operación de “asistencia alimentaria” del Ejército en las barriadas pobres, lo cual además de lavarle la cara a la institución sirvió también para reforzar la presencia represiva en los lugares más “calientes” del conurbano bonaerense.

En una reciente asunción de distintos cargos del Ejército, Alberto Fernández señaló que “todos los oficiales que conducen hoy las tres fuerzas se han formado en democracia”. Sin embargo, lo que debió haber precisado es que estos oficiales se formaron bajo 38 años de impunidad a los criminales y genocida de la última dictadura, algo sostenido por los sucesivos gobiernos democráticos. Con esos antecedentes es difícil pedirles peras al olmo. Algo que se evidencia en los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad con el gatillo fácil, detenciones arbitrarias y represión, como ha sucedido con Facundo Castro, Santiago Maldonado o el reciente asesinato de Lucas González.

La incorporación de las FF.AA. a la vida social es un viejo anhelo de los distintos gobiernos capitalistas, con el propósito de reforzar el esquema represivo en vistas de controlar eventuales levantamientos populares producidos por las políticas de ajuste implementadas. Algo que considerar al cumplirse 20 años del Argentinazo, donde la represión estatal dejó un saldo de 39 muertos, en medio de un estado de sitio decretado por el gobierno de De la Rúa.

Basta de impunidad a los genocidas y represores. Por juicio y castigo y carcel común para todos ellos.