La reciente acusación del fiscal Trincheri contra Raúl Pascuarelli, Carlos Zalazar y una veintena de policías involucrados en la represión de Arroyito conduce a la conclusión de que el asesinato de Fuentealba fue la consecuencia de una decisión de gobierno que iba más allá del desalojo de una ruta. La acusación textualmente señala que la cúpula de la Policía asistió al cabo Poblete para que pudiera “eludir su responsabilidad penal” y que otros 15 uniformados lo encubrieron durante y después de los hechos. También describe que hubo otro policía que disparó postas de plomo durante la represión y que golpeó salvajemente con su arma a un manifestante indefenso que se entregaba con las manos en alto.

La cúpula policial ha convertido a Poblete en un "héroe". El jefe de la Policía, comisario Rolando Figueroa, declaró hace apenas unas horas que “aún hoy el cabo primero Poblete es un referente de la institución por más que esté detenido” (Página/12, 10/7). El gobernador Sobisch mantiene a Figueroa en su puesto y el gobernador electo, Jorge Sapag, no abrió la boca ante esta verdadera apología del delito.

Todo esto supera claramente la teoría oficial del “hecho desgraciado”.

Sobisch y su gobierno son los responsables políticos del fusilamiento de Carlos y de haber puesto en peligro la vida de muchos otros trabajadores ese 4 de abril. Poblete y los demás policías y funcionarios no fueron sino el brazo ejecutor de una decisión política.

El gobernador electo, Jorge Sapag, pretende echar un piadoso manto de olvido (y de impunidad) sobre el tema.

De nada le servirán las bravatas a Sobisch cuando los trabajadores lo pongamos realmente en su lugar.

Cárcel a los responsables políticos y materiales del asesinato de Fuentealba. No al encubrimiento.