El gobierno vuelve a presentar uno de sus “proyectos” para la generación de puestos de trabajo, junto al secretario general de la Uocra y empresarios de la Cámara de la Construcción. El programa “A Construir” implica un convenio de capacitación para beneficiarios de programas sociales, bajo el supuesto compromiso de ingreso a la obra pública en un cuadro de ajuste: decenas de miles de los destinatarios ya son albañiles desocupados.

Con la presencia del jefe de Gabinete Juan Manzur, el ministro de Economía Martín Guzmán, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, el ministro de Desarrollo Social Juan Zavaleta y el líder de la Uocra y agente de la dictadura militar, Gerardo Martínez, se lanzó el programa “A Construir”, que busca capacitar a beneficiarios/as de los programas sociales en el oficio de la construcción, para ser integrados en proyectos de obra pública nacionales, provinciales y municipales.

Se trata de una medida “resonante” aunque de costo cero (o casi), ya que solo implica las erogaciones destinadas a la Fundación Uocra: otra de las cajas negras de un sindicato de bandas mafiosas, negocios turbios y pactos con las patronales. Mientras que para las patronales es una oportunidad de exprimir aún más la rentabilidad de un negocio atravesado por un convenio bajo y un alto índice de empleo informal, absorbiendo los planes sociales como parte del salario. Es lo señalado por el presidente de la Cámara de la Construcción, Iván Szczech, al mencionar que “hemos hecho una propuesta junto con la Uocra para hacer que no solamente ese plan social sea parte de un sueldo, sino también capacitaciones, con un plan al inicio de ese programa”.

La contradicción fundamental de esta propuesta radica en que gran parte del movimiento de desocupados ya cuenta con calificación y experiencia laboral en la industria de la construcción (albañiles, pintores, armadores, carpinteros, yeseros, etc.) y que justamente carecen de empleo debido a los recortes en la obra pública y privada, el ajuste sobre uno de los sectores más vulnerables del movimiento obrero y las facilidades que otorga a las patronales la regulación especial del sector. Sumada la connivencia de la burocracia en los despidos y ataques patronales.

El gobierno desenvuelve el libreto de la multinacional Toyota, poniendo el eje en la capacitación y supuesta baja calificación de la mano de obra y no en la falta de empleo, lo que sirve para exculparse de responsabilidad.

Un plan de obras a la medida del ajuste

El dato significativo es que el anuncio no haya versado sobre un salto en la obra pública, lo que implicaría una mejora real para decenas de miles de trabajadores desocupados y para la población destinataria de proyectos de urbanización y/o viviendas. Esta es una de las cuestiones más que controvertidas ya que el ajuste fiscal del gobierno y de Martín Guzmán es uno de los principales responsables de los límites en la generación de puestos de empleo.

Tras la derrota electoral, Cristina misma señaló la subejecución de 2,4% del PBI –en referencia al “ahorro” fiscal- como uno de los culpables, claro que para ocultar su responsabilidad en la prosecución de esa misma política de recortes. Esto implicó que en los primeros siete meses del año el gasto de capital (obra pública) creciera solo un 54,9% en relación al 2020, lo que es casi seguir la inflación contra el año de la pandemia y la parálisis de la economía. Para cumplir con el Presupuesto 2021, la obra pública debería pegar un salto comparativo de un 224%, aunque el gobierno parece más proclive a cumplir con las expectativas de ajuste del FMI.

Pero si alguien aún tiene expectativas de que el Presupuesto 2022 podría revertir este cuadro y dar un vuelco en la generación de cientos de miles de empleo, lo presupuestado para gasto de capital solo asciende un 0,3% del PBI en relación al 2021, donde también se anota una fuerte meta de recorte del gasto fiscal, por lo que no se descartan nuevas subejecuciones y el paso de la tijera en el camino del presupuesto por las comisiones parlamentarias y luego el Ejecutivo nacional. Los dichos de la vicepresidenta son solo a los fines de disimular esta política antiobrera.

No hay empleo

Si esto es lo que el gobierno tiene para exhibir tras la derrota electoral y a semanas de las elecciones generales, resulta claro que el plan de generación de empleo para desactivar el millón de planes sociales de miseria no pasa de una foto del gabinete renovado con la burocracia sindical y los empresarios.

Este anuncio oficial no genera ningún empleo. Los datos del Ieric –registro de la construcción- estiman que en julio el empleo registrado de la construcción se ubicó en 337.391 puestos de trabajo, número similar al de prepandemia, sin ninguna consideración respecto de que estemos ante un salto en el empleo.

La política de ajuste de este gobierno implica el desplazamiento de cientos de miles de trabajadores a la desocupación y la pobreza. Tal es el caso del sector informal de la construcción, cuya tasa de recuperación es mucho menor a la del empleo registrado, aunque históricamente se ha tratado de cifras equivalentes.

Más allá de anuncios sobre capacitación laboral, la reactivación del empleo depende de una inversión fuerte en materia de obra pública de mano de obra intensiva, como lo son los proyectos de obra de viviendas, tan necesarios para una población sumergida en una crisis habitacional profunda. Es la salida propuesta por la Unidad Piquetera, en un plan de trabajo que implica la creación de un millón de empleos, bajo convenio colectivo de la actividad y con salarios equivalentes a la canasta familiar.