Aunque Macri haya decidido viajar al foro de Davos en un avión de línea, el costo para los trabajadores del país es altísimo. Los miles de despidos, tanto en el Estado como en las empresas privadas, la represión a las luchas populares, la devaluación monetaria del 40% que produjo una inmensa transferencia de riqueza a favor de la clase capitalista, y el plan de endeudamiento que ya se ha puesto en marcha (y que incluye el arreglo con los fondos buitre), es la carta de presentación con la que Macri se presentará ante los CEO de las compañías internacionales y del capital financiero internacional. 

 

Ofensiva antiobrera

 

Sólo en las últimas semanas se han consumado decenas de miles de despidos. Cálculos elementales arrojan que en el Estado la cifra ronda los 20.000 cesanteados; en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, hay 100 despidos. El hecho tiene mucho de simbólico, ya que vale como luz verde para que la clase capitalista se lance ella misma a despedir en sus empresas. Es lo que están haciendo incluso los empresarios más ligados al kirchnerismo, como el Grupo 23 de Sergio Szpolski; la constructora de Lázaro Báez, que despidió a 1.100 trabajadores; o el cierre de línea aérea Sol, que despidió a la totalidad de su personal. Se trata de un proceso que ya había comenzado bajo el gobierno anterior, como lo prueba el vaciamiento de la avícola Cresta Roja o el cierre de Paraná Metal, que se consumaron con la total complicidad de los funcionarios kirchneristas.

 

La ola de despidos en el Estado, así como la desvalorización del gasto social producido por la devaluación, desmiente la idea del ajuste fiscal “gradual”. En realidad, bajo ese rótulo se esconde una diferenciación social muy marcada: mientras a la clase capitalista se le mantienen sus subsidios -como se verifica por ejemplo con los monopolios petroleros, que seguirán recibiendo un precio interno muy superior al internacional- para los trabajadores la situación es muy distinta. Ya  se ha difundido que el aumento que recibirán los jubilados en marzo será del 15%, un porcentaje que apenas cubre los aumentos de precios del último trimestre.

 

La ofensiva antiobrera está basada en una política recesiva. Por primera vez empiezan aparecer estadísticas que arrojan una retracción económica para este año. El gobierno juega en esa dirección al imponer tasas de interés altas, que sirven para una bicicleta financiera pero que hunden aún más la actividad económica. Sin embargo las contradicciones de esta política son evidentes: con una inflación del 40% o más, el gobierno enfrenta el peligro de repetir la experiencia de Kicillof en 2014, cuando rápidamente el efecto de la devaluación se evaporó por el crecimiento de los precios. Para que eso no ocurra deberá asegurar que la tasa de devaluación sea mayor a la tasa de inflación, y por sobre todo que los salarios aumenten por debajo de la devaluación, es decir que se reduzcan en dólares.

 

Endeudamiento

 

Para sostener el esquema de subsidios a la clase capitalista el gobierno ha decidido recurrir a un mayor endeudamiento. Se basa para eso en el relato kirchnerista, que machacó hasta el hartazgo que la Argentina estaba desendeudada, cuando en realidad el país alcanzó la deuda pública más alta de su historia nacional. Sin embargo este proceso de endeudamiento requiere alcanzar un acuerdo con los fondos buitre, que deberá realizarse en los términos fijados por el fallo de Griesa. Aquí también el macrismo hace suya una orientación del conjunto de la clase capitalista. Ya en la campaña electoral Urtubey fue en nombre de Scioli a Estados Unidos, a prometer que su gobierno buscaría un arreglo con los buitres. El “modelo” será el usado por Kicillof para indemnizar a Repsol: se emitirán nuevos bonos, que llevarán la deuda pública total del país por encima de los 300.000 millones de dólares. El Congreso seguramente dará el okey a esta entrega manifiesta al capital financiero internacional, ya que el macrismo no sólo contará con los votos de Massa sino también de una parte importante del FpV. 

 

Preparar las luchas

 

El gobierno tiene plena conciencia de que la envergadura del ajuste producirá una respuesta de los trabajadores. Para contrarrestarla diseña una política represiva en regla. El encarcelamiento de Milagro Sala por organizar un acampe en Jujuy es el punto más alto de esa política, pero tiene otras manifestaciones. La transferencia de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, con su Guardia de Infantería incluida, persigue el objetivo que Scioli manifestó en la campaña: “tolerancia cero a los piquetes”. Del lado del FpV, Alicia Kirchner le solicitó a Macri que le mandara la Gendarmería, para reprimir a los obreros de la construcción despedidos por Lázaro Báez.

 

La burocracia sindical está completamente borrada, para dejar pasar el ajuste contra los trabajadores. Las declaraciones de Moyano, de que pedirá el 30% en junio para la paritaria camionera, parecen un chiste cuando se ejecutan miles de despidos y el salario sufre la fuerte desvalorización producida por la devaluación. La burocracia sindical no sólo ha buscado su acuerdo con el gobierno para manejar los fondos de las obras sociales, sino que espera que las patronales golpeen al activismo que le disputa en las fábricas y en los cuerpos de delegados la dirección efectiva de la clase obrera.

 

Es necesario un programa para enfrentar la ofensiva antiobrera: no a los despidos, reapertura de las paritarias, indexación mensual del salario, anulación de todas las medidas represivas dispuestas por el gobierno. Ante la complicidad de la burocracia sindical llamamos a realizar asambleas en los lugares de trabajo por este programa, adoptar medidas de lucha y preparar las ocupaciones de los lugares de trabajo que despidan. Entre los estatales está planteada una campaña por la huelga general, mediante paros en los lugares donde hubo despidos. El activismo, que ha ganado posiciones en el último período, debe jugar un papel en esas luchas y no limitarse a presentarle exigencias a la burocracia sindical.

 

Para eso es necesario que la izquierda y el sector más activo de los trabajadores defiendan su propia independencia política, y no que se coloquen como furgón de cola de un kirchnerismo en alto estado de descomposición.