En una audiencia pública orga­nizada por el Concejo Delibe­rante de Salta ha quedado ex­puesto el abismo existente entre los intereses de padres, docentes y estudiantes, por un lado, y la instrumentación de esta ley que no ha hecho otra cosa que repro­ducir, en el plano del sistema edu­cativo, la bancarrota del país y el empobrecimiento generalizado de las grandes masas populares.

Pablo Rieznik, profesor de la UBA y dirigente nacional del PO, fije uno de los invitados oficiales a exponer sobre la cuestión. Jun­to al actual rector del colegio Na­cional de Buenos Aires, Horacio Sánguinetti.

El gobierno provincial sabo­teó la audiencia, ya que en medio dé la crisis provincial cada vez es más difícil para los hombres de Romero exponerse públicamente sin sufrir el repudio popular…

Se sucedieron intervenciones de docentes y estudiantes que incorporaron numerosas denun­cias: designación de un cuerpo de supervisores políticos que han desplazado a los de carrera para verticalizar el gobierno escolar; títulos terciarios que no tienen validez nacional; presión oficial para las promociones casi auto­máticas de los alumnos para fun­damentar cifras de una supuesta eficiencia del sistema, que se con­tradice con el descalabro de la ca­lidad educativa denunciado por la totalidad de los 45 expositores; destrucción de la escuela técnica en particular, y del secundario en general como preparación para los estudios superiores; demoli­ción del salario y las condiciones de trabajo del docente, etc., etc.

Rieznik explicó que la Ley es una criatura del Banco Mundial, que sú derogación es un clamor popular que debe dar paso a una reorganización social de conjunto para organizar una educación so­bre nuevas bases, en base a la tri­plicación del presupuesto educa­tivo.

La visita de Rieznik tuvo una importante repercusión en los medios.

Por su parte, en la audiencia intervinieron varios miembros de Tribuna Docente, en algunos ca­sos con mandatos de escuela.

Claudio Del Plá marcó que es­te debate era la oportunidad pa­ra impulsar la lucha por un con­junto de medidas de emergencia para defender la escuela pública, comenzando por el establecimien­to de 750 pesos de básico para los docentes en oposición al proyecto oficial que busca conformarlos con adicionales por “productivi­dad” en un modelo de escuela-em­presa que abra camino hacia la autogestión escolar. Planteó ade­más la convocatoria a un congre­so de delegados de los docentes y estudiantes que pueda establecer un plan de lucha para la emer­gencia, y las bases de una reorga­nización educativa para una edu­cación pública gratuita y bajo control de los trabajadores.