Este martes por la mañana, a diez años de la masacre de Once, familiares y amigos recordarán en un acto a los 52 muertos del choque que puso en primer plano el estado ruinoso de los trenes argentinos, como fruto de un esquema de negociados de gobiernos, empresarios y burócratas sindicales.

Aquel 22 de febrero de 2012, una formación del Sarmiento que transportaba a 1.200 personas se estrelló contra el andén 2 de la estación terminal, dejando decenas de pasajeros muertos (en su inmensa mayoría trabajadores) y alrededor de 800 heridos.

Los familiares y amigos emprendieron una denodada lucha por justicia que lograría la condena de los responsables del hecho en 2015. Del mismo modo, una profunda pelea conseguía en 2013 la cárcel de los asesinos de Mariano Ferreyra, otra víctima de la mafia patronal y burocrática que gerenciaba los ferrocarriles.

“Los trenes tienen un circuito de mantenimiento diario y general. Este mantenimiento estaba estipulado hacerlo cada 750.000 kilómetros, y el vagón en el que viajaba mi hijo tenía 2.100.000 kilómetros realizados sin haber tenido ninguna reparación. Todos los sistemas de la línea estaban colapsados. No sólo los trenes, las vías, el sistema de señalamiento. El chapa 16, el tren de la tragedia, de ocho compresores que tenía que tener, tenía sólo cuatro”, recordaba el año pasado María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas (Redacción, 16/3/21).

Pese a las abrumadoras evidencias del desfalco ferroviario, el gobierno kirchnerista, en consonancia con los empresarios involucrados en el desastre de Once, intentó descargar la responsabilidad sobre el chofer de la formación. Era un intento por exonerarse a sí mismo y a todo el régimen político.

Los hermanos Cirigliano, que el día del choque fatídico tenían la concesión del Sarmiento, ascendieron vertiginosamente en el mundo de los negocios a partir de los ’90, de la mano del proceso de privatizaciones abierto con Carlos Menem. En 1994, a través de la empresa TBA, se quedaron con la concesión del Sarmiento y el Mitre. Ese mismo año, tomaron el control de Metrovías (hasta el 2000), vía la firma Cometrans. Para entonces, ya manejaban también Emfer (Emprendimientos Ferroviarios, surgida de la privatización de Fábrica Militar General San Martín) y el Grupo Plaza, que se convertiría en uno de los pesos pesados del mundo de los colectivos. Claudio Cirigliano, uno de los condenados por los hechos de Once, tenía estrechos vínculos con el gobierno menemista. Acompañó al presidente en su primer viaje al Reino Unido y solía jugar al golf con el mandatario (TN, 21/2).

Esos vínculos se mantendrían con los sucesivos gobiernos, incluyendo el kirchnerismo, período en el cual los empresarios del sector se beneficiaron de un multimillonario esquema de subsidios estatales sin ningún control. Estos grupos (y muchos funcionarios) se enriquecieron mientras se operaba al mismo tiempo un vaciamiento del sistema ferroviario, que tenía como cómplice y beneficiaria también a la burocracia sindical de José Pedraza y compañía, socia en la explotación de trabajadores tercerizados.

A raíz de los hechos de Once, el gobierno se vio obligado a quitar la concesión del Sarmiento a los Cirigliano, pero los negociados continuaron. Excedería los límites de este artículo hacer un balance aquí de la estatización posterior de muchos ramales.

En el juicio de Once, de 2015, fueron condenados dos secretarios de transporte (Jaime y Schiavi) y el empresario Claudio Cirigliano, entre otros, con penas de hasta ocho años de prisión (el exministro de planificación Julio De Vido fue sentenciado en la causa Once II, en 2018). Esto, aun a pesar de que dos de las querellas (las de Gregorio Dalbón y Javier Moral) limitaron su acusación al motorman, quien fue condenado a 3 años y siete meses de cárcel acusado de frenar a destiempo y de desactivar un sistema de seguridad conocido como del “hombre muerto”. Su abogada, Valeria Corbacho, denuncia que “la mayoría de los peritos estuvieron dispuestos a mentir para culpar a Marcos [Córdoba] y exculpar a los empresarios y funcionarios” (La Nación, 20/2). Y el propio tribunal que lo condenó reconoció que “no hay que olvidar que se trata de un trabajador que no tenía la más mínima chance de influir sobre el calamitoso estado de los trenes ni la forma caótica y desaprensiva en la que operaba el servicio” (ídem).

Dentro del movimiento de familiares, aprovechando el desprestigio de los funcionarios del kirchnerismo, el macrismo logró con el tiempo meter una cuña. En 2019, la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal incorporó a María Luján Rey en las listas de Cambiemos como candidata a diputada nacional, cargo que ocupa actualmente.

El macrismo, sin embargo, reivindica las privatizaciones menemistas y ha sabido cultivar lazos con muchos de los empresarios concesionarios, como Roggio. La independencia política de los movimientos de lucha es clave respecto a todos los gobiernos y fuerzas patronales.

A diez años de la masacre, recordamos a las víctimas de Once y planteamos la nacionalización integral del sistema ferroviario, bajo control de los trabajadores.