La semana pasada, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura elevó para su tratamiento un dictamen que aconseja archivar el pedido de remoción de los jueces Luis María Rizzi y Javier Anzoátegui, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal. El diputado de Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli, como presidente de la comisión, logró imponer junto con el radicalismo y Consenso Federal un dictamen que aconsejaba desestimar la denuncia contra los jueces.

Aunque desde la representación del Frente de Todos dentro del Consejo se pidió postergar dicho tratamiento, no hay que perder de vista que Anzoátegui fue ascendido en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner por el entonces ministro de Justicia Julio Alak al cargo de Juez de Cámara, luego de llevar adelante la investigación por la cual Fernando Carrera fuera condenado injustamente a 30 años de prisión por el caso documentado en el film “El Rati Horror Show” de Enrique Piñeyro.

El pedido de destitución había sido formulado originalmente en respuesta a la denuncia presentada por estos magistrados contra profesionales de la salud y la Defensoría de Menores interviniente, en el marco de una interrupción legal del embarazo, en los términos que en ese momento dictaba la ley, ya que se trataba de un caso de violación a una niña.

Si bien en dicha oportunidad el autor de la violación fue condenado a 35 años de prisión, las denuncias contra quienes consintieron el aborto representaron un ataque feroz contra el movimiento de mujeres que en ese momento se encontraba en una lucha tenaz la ley de aborto legal, finalmente conquistada. Estos jueces habían ordenado extraer testimonios para que se investigue la comisión de “un delito de homicidio” acusando de sicarios a los médicos intervinientes y llamaron al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo como “métodos de tortura de la mafia” y “rituales de las tribus antropófagas”.

Ley Micaela

Los argumentos de quienes propusieron el archivo rozan el ridículo. La Comisión de Acusación encabezada por Tonelli fundamentó el pedido de archivo escudándose en una supuesta “libertad de expresión”. La libertad de expresión no puede ser tal si su única función resulta atacar a las niñas que son sistemáticamente violentadas bajo el amparo del Estado.

Al mismo tiempo, dicha cuestión tendría como única consecuencia que los magistrados tengan la obligación de “completar su capacitación obligatoria por Ley Micaela para seguir trabajando a favor de una justicia con perspectiva de género”. Una estafa total si la única salida para “acomodar” el machismo de estos jueces sería la de atravesar por las instancias de formación que resultan más que inocuas en la medida en que es el Estado el que garantiza la violencia sobre las niñas y tiene el encargo de impartirla.

La denuncia que presentaron estos jueces y que tanto ha alarmado al progresismo no hace más que expresar de un modo descontrolado y burdo la forma regulada de violencia y opresión que cotidianamente ejercen el Poder Judicial y el Estado sobre lxs trabajadores y sobre las mujeres en particular. Basta pensar en la cantidad de sobreseimientos y faltas de mérito que son dictadas o medidas a diario por jueces y fiscales en casos de violencia de género, basándose en el silencio o en las “reiteradas incomparecencias” de la mujer violentada y sometida.

¿La salida es la reforma judicial feminista que agita el gobierno?

Si bien no existe una propuesta en los hechos, “la reforma judicial feminista” es uno de los slogans que agitan sectores que responden al gobierno nacional. La inexistencia de una formulación concreta no exime la posibilidad de posicionarse frente a lo que no parece ser más que una pantomima en la medida en que cada uno de estos jueces fue colocado donde está por el poder político. Sus inclinaciones a representar desde ese poder los intereses ideológicos y de clase del poder clerical no representan una excepción, sino que son el resultado de ese aval político y desprecio por el padecimiento que el Estado le depara a los sectores más desprotegidos. La saña del recurso presentado por los jueces y sus términos, como así también su intento de judicializar a profesionales de la salud, son patrimonio no de las personas que encarnan la operación, sino del propio Estado que se vale de ellos.

Las denuncias cotidianas de violencia de género en todo el país ante comisarías, y en la Capital Federal también ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, dan lugar a un desdoblamiento del proceso judicial. Se inicia un expediente en la justicia civil en torno a la situación del grupo familiar y otro en la justicia penal para determinar si a juicio del Estado la situación denunciada por la mujer constituye o no un delito. Estos procesos que por su carácter tienden a extenderse en el tiempo dan lugar a una situación contradictoria. Mientras en el ámbito penal las víctimas testifican contra los agresores, la justicia civil avanza en la revinculación del violento con su grupo familiar. Inclusive cuando existen denuncias por abuso sexual contra sus propios/as hijos/as. El Estado pretende así defender la institución de la familia por sobre la integridad psicofísica de sus integrantes. Es por eso que, cualquier reforma del procedimiento judicial debe incorporar la unificación del proceso judicial así como también la elección popular de jueces y fiscales.

Una salida de lucha para las mujeres y diversidades

Si bien en 2020 la marea verde conquistó una reivindicación histórica para las mujeres y diversidades como es el aborto legal, esta tiene que continuar siendo defendida con la organización independiente. Sobran las denuncias de trabajadores de salud, hoy participando miles de ellos/as en una tenaz lucha por salario, sobre el vaciamiento de la salud pública en términos generales. Resulta una odisea el acceso para las mujeres más pobres y ni hablar de que, en la medida que dicha práctica debería realizarse de forma legal y gratuita, no se han garantizado las condiciones para su acceso irrestricto.

El Estado no deja de ser a través de sus distintos partidos políticos y fracciones internas el principal defensor del oscurantismo clerical. Se vale de sus acuerdos con la Iglesia para reforzar su contención social en un cuadro de crisis y desesperación popular creciente. Pero, a su vez, se apoya en la Iglesia para reforzar sus ataques contra el movimiento de mujeres.

La lucha por una verdadera democratización de la justicia no puede venir de la mano de quienes defienden acuerdos ajustadores contra el pueblo y las mujeres. Es necesaria una transformación social integral llevada adelante por las y los trabajadores para colocar la justicia al servicio de las necesidades del pueblo.

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