El gobierno aliancista acaba de propinarle un golpe demoledor, otro más, a cientos de miles de jubilados. La Ley de Emergencia Económica, que acaba de aprobarse en Diputados, establece que las deudas previsionales con sentencia judicial que reconocen deudas por haberes impagos anteriores a 1991 van a ser canceladas con un bono a diez años de plazo. En esta situación se encuentran, según las propias fuentes oficiales, unos 130.000 jubilados con una deuda que supera los 3.000 millones de dólares.

El bono en cuestión no pagará intereses durante sus primeros seis años de vigencia, lo que significa que comenzará a ser saldado desde el 2007 al 2011; es decir, ¡con 20 años de atraso! Mientras tanto, el mismo gobierno le ha dado -en efectivo, no en bonos- 300 millones a la ‘patria constructora’, 400 millones a los exportadores y cuatro millones a la Curia.

El nuevo golpe aliancista contra los jubilados muestra la pasmosa continuidad política y social del gobierno actual con el de Menem y Cavallo. Bajo Cavallo, los haberes fueron congelados en 1992, no se pagaron las más de 100.000 sentencias que reconocen deudas anteriores a 1991 y no se extendieron las mejoras reconocidas por la Justicia a todos los jubilados, sin necesidad de que cada uno tuviera que iniciarle un juicio al Estado.

Para llevar adelante esta confiscación, Menem-Cavallo eliminaron la autonomía del sistema previsional, lo diluyeron dentro del presupuesto nacional, eliminaron toda movilidad y actualización automática de los haberes, redujeron sus recursos y fijaron partidas extremadamente limitadas para el pago de las sentencias. Ahora, los “éticos” aliancistas vienen a coronar esta faena pateando el pago de las deudas para el 2010.

Eso sí, para el pago de la deuda externa, usuraria y fraudulenta, no hay un minuto de atraso.