El domingo pasado falleció Ricardo Obregón Cano, quien fuera gobernador de Córdoba junto a Atilio López, dirigente de la CGT de la provincia, por un breve período. Accedió al poder el 25 de mayo de 1973 y fue destituido el 28 de febrero de 1974, nueve meses después, por un golpe de Estado que pasó a la historia como “Navarrazo” por quien lo lideró, Antonio Navarro, jefe de policía de Córdoba. Fue parte del desalojo violento del conjunto de gobernadores que habían subido con el apoyo del peronismo sindical combativo y de la Juventud Peronista, orquestado por el propio Perón con el apoyo de la burocracia sindical. Nuestro partido lo caracterizó como “Anticordobazo” porque tuvo la intervención de quienes participaron del Cordobazo. 

 

La muerte de Obregón Cano, a la edad de 99 años y luego de treinta de silencio, ha provocado condolencias que constituyen, a ojos vista, una muestra impar de hipocresía. ¿Dónde estaba De la Sota y una larga lista de dirigentes peronistas y de la oposición cuando el golpe policíaco militar sindical ordenado por Perón derrocó al gobierno de Córdoba en 1974? ¿Dónde estaban Gioja, Balbín o la propia CFK, que confesó que cuando Perón echó a los “imberbes” de la Plaza era partidaria de quedarse para no dividir al peronismo, tres meses después del Navarrazo? ¿Alguien recuerda que Ricardo Obregón Cano fue preso por asociación ilícita bajo Alfonsín, en el mismo momento en que el presidente que vociferaba “con la democracia se vive, se come y se hace justicia”, enarbolaba la teoría de “los dos demonios”? ¿Alguien recuerda, honor para él, que Ricardo Obregón Cano denunció la ley de Obediencia Debida del propio Alfonsín, que prescribía los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas, cuyo grado estuviera por debajo de coronel no eran punibles?

 

La operación burocrático-policial -organizada por el gobierno de Perón con el objetivo de liquidar las posiciones conquistadas por los trabajadores desde el Cordobazo- tiene un capítulo escasamente abordado, que es el papel del peronismo, de la burocracia sindical y de la oposición política patronal en la conspiración que colocó la ciudad bajo el mando de los escuadrones de la muerte y preparó el descabezamiento de las direcciones clasistas y combativas de la época. Fue parte de ella Ricardo Balbín (UCR), quien se ufanaría más tarde de haber excluido a la Legislatura de Córdoba de la intervención federal a la provincia -planteada en principio para los tres poderes- y Oscar Alende y Horacio Sueldo -aliados del PC en la Alianza Popular Revolucionaria (APR)-, que ayudaron a reunir el quórum -dos tercios- necesario para intervenir el Poder Ejecutivo de la provincia.

 

El golpe se propuso destituir al gobierno de la izquierda patronal del peronismo (Obregón Cano-Atilio López) tildado de condescendiente con “la subversión” y provocar una derrota estratégica en uno de los grandes escenarios de la rebelión obrera abierta con el Cordobazo. Era parte, a la vez, de una sucesión de golpes de Estado contra los gobernadores del peronismo combativo pergeñados por el propio Perón y que destituyeron a Oscar Bidegain (provincia de Buenos Aires), Miguel Ragone (Salta), Jorge Cepernic (Santa Cruz) y Alberto Martínez Vaca (Mendoza).

Obregón fue un Cámpora, incapaz de enfrentar la ofensiva derechista: fue él quien nombró jefe de policía al coronel Navarro, quien luego fuera jefe de la sedición, repitiendo a Salvador Allende con Pinochet y, más tarde, a Isabel Perón con Videla.

 

El Navarrazo se inició el 27 de febrero de 1974. Ese mismo día, con las calles ocupadas por la policía alzada y las bandas de matones organizados por la burocracia sindical, el cuerpo de delegados del Smata Córdoba, a instancias del Movimiento Sindical Combativo (en el que convergían Agustín Tosco y René Salamanca), resolvía abrir una instancia de negociación con las 62 Organizaciones “legalistas” -orientadas por el vicegobernador Atilio López. 

 

¿Cuál era la política de las 62 en las vísperas del golpe? Negociar con la derecha -los llamados ortodoxos, arietes del golpe- la conformación de una regional peronista que excluyera… a Tosco y Salamanca. Las 62, en la figura de López, capitularon ante Perón entregando su renuncia horas después. Obregón Cano y la JP ni siquiera intentaron enfrentar el motín, confiando en una intervención del “líder” a su favor.

 

Para que se advierta, la clase obrera del Cordobazo fue derrotada sin pelea por esta política, en uno de los mayores centros de la rebelión clasista y combativa que recorría el país.

 

El “cerco”

 

Para el 1º de marzo, las Juventudes Políticas (JPA), con peso determinante de la JP, habían llamado a un acto en la Plaza Congreso para “estructurar una fuerza de apoyo al gobierno que contrapese las fuerzas reaccionarias” (Noticias, 28/2/74). En medio del motín policial, la convocatoria no fue alterada ni en una coma. El gobierno prohibió el acto y la policía sitió el lugar. Las JPA, con 50.000 jóvenes en la calle, decidieron retirarse y fueron gaseadas mientras gritaban su adhesión a Perón y repudiaban el “cerco” en torno de él.

Balbín y Perón organizaron una reunión con todos los partidos de oposición. Concurrieron ocho: UCR, APR y, entre otros, el PC -parte de la APR y el PST (luego MAS). De allí salió un documento en el que se planteaba que “los aquí presentes… han reiterado el propósito de no ahorrar actitudes y esfuerzos para mantener y consolidar el proceso de institucionalización del país, en el régimen de la democracia”. Sobre el Navarrazo, ni una palabra.

 

Fue publicado a través de una solicitada (22/3/74). El documento era la consecuencia de una lógica política pérfida, se llamaba a defender al gobierno que en esas horas entregaba todos los resortes del poder a los organizadores del motín en Córdoba y de la Triple A, con la anuencia del propio Perón.

 

La Triple A

 

Obregón Cano se exilió en México en agosto del ’74. Un mes después, su compañero de fórmula, Atilio López, caía bajo las balas de la Triple A. Uno de los 600 desaparecidos y 500 ejecutados sumariamente bajo el tercer gobierno peronista. Al recordar a Obregón Cano, vale denunciar que la impunidad por la Triple A se convirtió en política de Estado bajo todos los gobiernos, incluyendo el pretendidamente nacional y popular. Nadie quiso arrimar una cuota de demagogia para castigar estos crímenes, debido a la magnitud de las responsabilidades políticas detrás de ellos (Perón) y al involucramiento personal y directo de la burocracia sindical peronista en sus filas.