Se cumplieron seis meses de asesinato del soldado voluntario Pablo Córdoba, crimen perpetuado en el Regimiento de Infantería Militar 10 de la ciudad de Zapala.

Se llevó a cabo como cada 1 de mes una nueva movilización convocada por familiares y amigxs, sumando la adhesión del Partido Obrero y sus agrupaciones, y el PSTU. La concentración fue en la explanada municipal y se marchó hacia la sede del Ejército de la ciudad.

La oficina donde se encuentra la justicia Federal fue vallada toda a su alrededor, ya que los jueces y fiscales no se bancan que la familia y quienes nos movilizamos le reprochemos su complicidad con las jefaturas militares en el intento de hacer pasar el crimen por suicidio.

Por ejemplo, la familia exige algo tan elemental como que el juez Greca ponga los recursos necesarios para la investigación y que deje de dilatar aún más los tiempos.

Natalia Uribe, mamá de Pablo, comentó en sus palabras que al día de hoy no estaba presente el papá porque no se le estaría permitiendo salir a reclamar por justicia, ya que es un miembro del Ejército. En una prueba de la tiranía de los mandos militares para asegurar su impunidad.

En las afueras de la sede del ejército los familiares citaron los nombres de militares con mayor jerarquía que estuvieron presentes la noche de la tragedia y qué casualmente les han dado el pase a otros lugares. También denunciaron las amenazas recibidas y el hostigamiento de parte de los altos rangos. Además la mamá señaló como parte de esa intimidación militar el reciente allanamiento de la vivienda de un compañero militante del PSTU por hacer una pintada.

Cabe mencionar que solo mediante la movilización popular se obtuvo una victoria contra la conducta del juez, que no tuvo más remedio que cambiar de caratula la causa, que pasó a ser “homicidio” y estaría descartada el suicidio.

Desde el Partido Obrero llamamos a reforzar esta enorme lucha, acompañamos y apoyamos a la familia por el pedido de Justicia.

Exigimos el inmediato esclarecimiento del asesinato de Pablo. Juicio y castigo y cese del encubrimiento de los autores por parte de las cúpulas militares y el juez.

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