El nuevo Código Contravencional que la Legislatura porteña acaba de votar “en general” es una verdadera declaración de guerra contra todos los movimientos de lucha que han ganado las calles de la ciudad desde el Argentinazo. Prevé arrestos por “obstrucción de la vía pública” cuando no se ha “dado aviso previo a la autoridad competente”, es decir que coloca a toda manifestación callejera bajo la regimentación del Estado. Las posibilidades de sanción se extienden a figuras como “ruidos molestos” e incluso “hostigamiento”, con el claro propósito de combatir los escraches. El nuevo Código define como portación de armas a la tenencia de todo “objeto apto para ejercer violencia o agredir”, algo dirigido a los elementos de autodefensa que las marchas piqueteras –y otras movilizaciones populares– emplean para repeler provocaciones policiales o paraestatales. Apunta luego sobre dos blancos bien definidos: la venta ambulante y el trabajo callejero, llegándose a penar el “cuidado de coches sin autorización”. La actividad en la vía pública quedará, por lo tanto, bajo la égida de los “inspectores de habilitaciones”, que redoblarán sus coimas a costa de quienes necesiten obtener licencias para vender o trabajar en la calle. Del mismo modo, el Código sanciona con arrestos a la “oferta y demanda callejera de sexo”, es decir, a la prostitución que se ejerce por “cuenta propia”. Así, subirá el precio de las extorsiones policiales a mujeres y travestis, favoreciendo también al cafishiaje empresario que dirige las casas de masajes, departamentos o bares donde centenares de mujeres son explotadas…”en privado”.

Por cuenta y orden de Beliz y Kirchner

El nuevo Código Contravencional es una perfecta traducción jurídica de la campaña antipiquetera que, cotidianamente, desplegan la gran burguesía y sus voceros. Para éstos, la rebelión cotidiana generada por la miseria social que los “nacionales y populares” han agravado debe ser encuadrada en una cuestión de “orden urbano”, de “interrupción del tránsito” u “ocupación del espacio público”. Con este Código en la mano, la burguesía ensayará una primera tentativa de represión jurídica a la rebelión popular, revestida bajo la forma de sanciones a “contravenciones urbanas”.

¿Pero detrás de esta tentativa solamente están los derechistas de la Legislatura porteña? La sanción del nuevo Código fue piloteada por el macrismo y, por lo tanto, presentada por ibarristas y kirchneristas como una “escalada de la derecha”. Pero su sanción habría resultado imposible si el “progresismo” no le hubiera allanado el camino. Primero, habilitaron su debate en Comisión, a sabiendas de que todas las enmiendas propuestas tendrían un carácter represivo. En la votación del pasado jueves, el macrismo tuvo el apoyo decisivo del ibarrista Partido de la Ciudad, un lobby de capitalistas y ONG que está al servicio del actual jefe de Gobierno. En el debate de la sesión, el kirchnerista Miguel Talento justificó el voto en contra de su bloque en nombre del “debate insuficiente”, pero al mismo tiempo reclamó una reforma “moderada, inteligente y racional”. Los macristas reivindicaron que los planteos represivos de la “oferta y demanda” de sexo reflejaban, en definitiva, “lo que planteó el jefe de Gobierno en su propuesta” (Noticias Urbanas, 7/7). Es decir, que los macristas hicieron el trabajo sucio de una reforma que tiene la impronta de Ibarra, de Beliz y de Quantin; es decir, de Kirchner.

A nadie escapa que sobre el centro político del país confluye físicamente el reclamo de todos los explotados, pertenezcan o no a la ciudad. Penalizar la protesta en Buenos Aires es una manera sinuosa de penalizar todas las expresiones nacionales de lucha. El Código extiende a la General Paz y al Riachuelo el vallado que hoy protege al Congreso y a la Casa Rosada de las manifestaciones populares.

La Capital, otro Estado policial

El nuevo Código fue sancionado apenas un mes después de la constitución de la “Policía Comunitaria”, es decir, la división de la Federal que actuará en la Capital para el control de estas “contravenciones”, y para la cual Ibarra contribuyó con los recursos que permitirán dotarla de quinientos nuevos efectivos. El nuevo Código será la letra de este reforzamiento del Estado policial contra el movimiento piquetero, contra las asambleas, contra la juventud de los barrios.

Durante seis oportunidades consecutivas, el movimiento piquetero y las organizaciones de vendedores ambulantes y de trabajadoras sexuales rodearon la Legislatura en rechazo a este proyecto reaccionario. El miércoles pasado, el piquete irrumpió en la Legislatura en repudio a la sanción de la reforma.

El viernes 16 está planteado el inicio de su debate “en particular”. El PO y el Polo Obrero de Capital se movilizarán a partir del mediodía junto con otras organizaciones piqueteras y asamblearias, para que no pase el Código reaccionario, terminar con el Estado policial, enjuiciar y castigar a los asesinos de Lisandro y de Cisneros y disolver el aparato represivo al servicio de Ibarra, de Kirchner y de los intereses sociales capitalistas que éstos defienden.