Se está consumando un monumental fraude con el escrutinio de la elección del 2 de septiembre en Córdoba. El resultado provisorio arroja un triunfo por apenas 17 mil votos de Schiaretti sobre Juez. Por eso Juez salió a reclamar la apertura de las urnas y el recuento voto por voto. El intendente electo, Giacomino, un juecista, y los legisladores electos del juecismo, amenazaron con no asumir si no se hace el recuento pedido. Juez sacó en la capital de Córdoba más del doble de los votos obtenidos por Schiaretti.

La elección cordobesa concluye, de este modo, desencadenando una crisis política. Detrás de los candidatos en disputa estuvieron operando dos camarillas del gobierno de Kirchner: la de Jaime-De Vido, con Schiaretti, y la de Alberto Fernández-Patricia Vaca Narvaja, con Juez. Pero la crisis política provocada por la denuncia de fraude las ha asustado y las ha abroquelado en el reclamo a Juez para que acepte lo que determine la Justicia, o sea la verificación de las actas del escrutinio. “El Gobierno (nacional) comenzó a concentrarse en las últimas horas —informa La Voz del Interior (5/9)— en la necesidad de evitar que la reñida elección cordobesa termine en una crisis institucional de gravedad a menos de dos meses de los comicios presidenciales de octubre. Y, más aún, en medio de las cruciales negociaciones por el cierre de listas legislativas de cara a las próximas elecciones. Por eso, el Presidente comisionó especialmente al secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, para mantener una vía de diálogo formal abierta con Juez… Esos reflejos de alerta del kirchnerismo quedaron encendidos después de conocer la decisión del juecismo de frenar la asunción del intendente electo de la ciudad de Córdoba, Daniel Giacomino, hasta que se realice un recuento ‘urna por urna’ de los comicios”. Más allá de esto, los resultados de Schiaretti son un gran revés para la candidatura de Cristina Kirchner, que había viajado a Córdoba especialmente para darle su apoyo.

Juez ha cedido parcialmente a esta presión con un llamado a evitar las movilizaciones que ocurren espontáneamente para exigir la apertura de las urnas. El impulso espontáneo a las calles es una manifestación del odio popular hacia el candidato de De la Sota, el cual fue aplastado, repetimos, en la capital de la provincia. En consecuencia, nos encontramos frente a un movimiento popular que supera, en alcances, el respaldo a la candidatura de Juez. Por eso no debería llamar la atención que incluso la UCR, que en Córdoba no responde a K, esté llamando a respetar los resultados que figuran en las actas de escrutinio de mesas.

Por qué se ‘encarajina’

El abandono del respaldo a Juez por parte de la camarilla de Alberto Fernández ha planteado un principio de ruptura del juecismo con el conjunto del gobierno nacional. Si esta ruptura se consolida, tendría una influencia fuerte en las elecciones de octubre. Ocurre que la coalición de Juez está formada por el ARI, el partido comunista y el socialista, y diversas variantes de centroderecha y centroizquierda, que podría pasar a apoyar a la Coalición Cívica para las elecciones presidenciales, en especial si un socialista es ungido acompañante de Carrió. En este caso quedaría claro que la división electoral estaría expresando la división que realmente está afectando a la burguesía con relación a la futura orientación de la política económica. Con el respaldo de los ‘Citibank boys’, Alfredo Prat Gay y Pedro Lacoste, Carrió defiende a rajatablas una inmediata ‘normalización económica’ que se concrete en un tarifazo, en la reducción de las retenciones a las exportaciones, la regularización de las relaciones con el FMI y el desmantelamiento de varios de los ‘fideicomisos’ armados por el kirchnerismo para beneficiar a su propia camarilla. Pero tampoco Carrió parece jugarse por el reclamo del recuento voto por voto, como lo demuestra el pronunciamiento adverso de la Iglesia de Córdoba. Es claro, entonces, que del entrevero entre dos fracciones patronales emerge una reacción democrática de una parte del pueblo, que pone al desnudo, simultáneamente, la naturaleza fraudulenta del régimen político existente. También pone de manifiesto que, por encima de la abrumadora mayoría electoral de los bloques patronales con relación a la izquierda, el régimen político patronal se encuentra en una tensión que raya el estallido o está a la espera de un detonante, sea de carácter económico o político.

Lo que empieza mal, termina mal

El fraude viene de lejos. Fue sistemáticamente denunciado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Las páginas de Prensa Obrera son un testimonio de estas denuncias.

Empezó con la habilitación de una ley de lemas encubierta, llamada sumatoria de votos, de la cual se sirvió fundamentalmente el juecismo, porque llevó a nueve partidos con su candidatura a gobernador, con cinco listas diferentes de legisladores por distrito único. El presidente del Tribunal Superior de Justicia opina ahora que “el cuarto oscuro ‘era ofensivo’ para el votante por la cantidad de boletas y que, debido a la diversidad de cargos y sumatorias, un presidente de mesa debía efectuar ‘un mínimo de 196 operaciones’ matemáticas para cargar las planillas” (ídem).

El fraude siguió con el debate trucho que dejó afuera a seis de los nueve candidatos, buscando manipular al electorado para que no se saliera de los márgenes de Negri, Schiaretti o Juez. Vinieron las “guerras” de las encuestas con el mismo objetivo: Schiaretti aparecía ganando por 15 puntos de ventaja… de la misma manera que en Santa Fe se anunciaba un “empate técnico”.

Este método de manipulación y fraude está presente desde ya para las elecciones presidenciales del 28 de octubre.

Gobierno de crisis

Las elecciones han puesto de manifiesto que el próximo gobierno de Córdoba nace en un cuadro de crisis. Incluso Schiaretti no pertenece al ‘riñón’ de las camarillas kirchneristas.

Schiaretti recibió una paliza fenomenal en la ciudad de Córdoba y en el Gran Córdoba, justamente donde la reactivación kirchnerista se ha hecho sentir fuerte, pero donde también reinan los bajos salarios, el trabajo en negro y la precarización laboral. La reactivación no pasó por los bolsillos de los trabajadores, sino que el gobierno de De la Sota ha producido una transferencia fenomenal de fondos a los grupos capitalistas.

Nuestro partido está jugado a la lucha contra el fraude y por el recuento voto por voto, que es la única forma de dirimir la elección y de determinar la envergadura de los procedimientos fraudulentos que se han utilizado. Una victoria contra el fraude sería un golpe contra los métodos que el régimen utiliza para prevalecer. Por otro lado, nuestro Frente, el FIT, corre el riesgo, si se deja correr la impunidad, de que acaben impidiendo la renovación de la banca para nuestra candidata en esta elección, Liliana Olivero. La lucha para el Partido Obrero, en los próximos días, se presenta ardua y tenaz.