El juez Martínez de Giorgi procesó a 22 de los 31 detenidos el 1° de septiembre, al término del multitudinario acto en Plaza de Mayo al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Les imputa la comisión de los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad. Además, les dictó embargos por cifras millonarias.

 

El momento de la resolución a solo cuatro días del triunfo del oficialismo en las elecciones nacionales, luego de más de un mes de los hechos  parece una respuesta en consonancia con los tiempos políticos, más que en relación a las pruebas recaudadas en el expediente.

 

Sin mayores elementos de prueba, Martínez de Giorgi se ajusta al libreto redactado por la policía, que desató una cacería en los alrededores de Plaza de Mayo cuando el acto ya había finalizado. Previsiblemente, no atiende en lo más mínimo las numerosas denuncias de maltratos y amenazas sufridas por los detenidos.  

 

La misma resolución reconoce que la movilización se desarrolló en forma pacífica, hasta que comenzó la desconcentración. Niega en sus fundamentos la posible acción de “infiltrados” y les otorga total veracidad a todas las declaraciones policiales que, entre otras cosas, no establece en la mayoría de los casos el real lugar de detención de los imputados.

 

Los argumentos –en general, atribuciones generalizadas e indeterminadas de acciones– revisten en algunos casos características novelescas como el caso de atribuir que el cuaderno con dibujos secuestrados entre las pertenencias de uno de los detenidos, “en una de sus hojas poseía un dibujo similar al vallado utilizado por la policía y lo que sería una planificación de como sortearlo”.

 

Entre los procesados se encuentran los dos periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), detenidos por la policía desarrollaban su cobertura de los hechos. Martínez de Giorgi tiene a su cargo la causa contra los comunicadores militantes de Antena Negra, integrante de la RNMA, que el juez prosigue en connivencia con la empresa Prosegur por el uso de la frecuencia. Es el mismo juez que, intimado por la Corte Suprema a avanzar en la causa contra el empresario Mariano Martínez Rojas por el ataque de su patota a la redacción de Tiempo Argentino se declaró “incompetente” para facilitar su impunidad. También es el que ordenó detener a Hebe de Bonafini para tomarle declaración mediante un operativo desproporcionado a la sede de Madres de Plaza de Mayo el mismo día que estaba convocado un cacerolazo contra los tarifazos. La obsecuencia de Martínez Giorgi para con el gobierno y su alineamiento detrás de los intereses de los poderosos es indisimulable.

 

El juez también decretó la falta de mérito de otros siete de los detenidos al término de la marcha y sobreseyó a otros dos.

 

Exigimos el sobreseimiento definitivo de todos los compañeros y que se investiguen las responsabilidades políticas y policiales de la represión.