Las ART fueron hermanas gemelas de las AFJP, y a menudo propiedad de los mismos bancos y capitales. El proyecto kirchnerista, viene a rescatar integralmente el sistema de la ley menemista de 1995. Seguirá el régimen por el cual, mediante un aporte patronal, cada empresa es eximida de afrontar las consecuencias del accidente laboral. Con un agravante enorme: habrá que elegir entre la vía de la indemnización de la ART o la de la justicia.

La nueva ley de Cristina obliga a un trabajador siniestrado y a su desesperada familia a optar por el cobro inmediato de una tarifa pautada o, en su defecto, ir a un juicio que -al ser a partir de ahora civil- demoraría 5 ó 6 años en lugar de los 2 ó 3 de la Justicia laboral. Sabido es que las indemnizaciones de las ART, ahora incrementadas en un miserable 20%, son varias veces menores que las de cualquier afectado civil por otro tipo de accidente no laboral. Pero además, ninguna familia obrera puede quedar sin cobrar nada para ir a un juicio de años. Por este motivo, la Unión Industrial aplaudió de pie a la Presidenta cuando anunció el proyecto, que constituye una formidable extorsión patronal-estatal al trabajador accidentado.

La ley en cuestión no entra, según el propio Tomada “en la cuestión de fondo de la prevención” que “deberá ser profundizada en el futuro” (Página/12, 25/11) y que consistiría en “instalar una cultura de la prevención, en la que seguiremos trabajando”. Esto es de un cinismo inconmensurable, no sólo por el fracaso oficial de más de una década en esa cultura. El ministro sabe mejor que nadie que la prevención está condicionada al daño económico que el accidente le produzca a la patronal, de manera que la ecuación económica de invertir en prevención le resulte más conveniente que la de afrontar el accidente. La ley actual, que abaratará esas costas, resultará otro incentivo para la falta de prevención. La Corte Suprema, llena de juicios por accidentes laborales, le sugirió una solución “política razonable” al gobierno. La consecuencia es este proyecto K-UIA.

Por otro lado, el 38% de las afecciones y discapacidades laborales no son tales sino enfermedades que derivan de la condición laboral, aspecto que queda enteramente desprotegido hasta el “debate de fondo”.

La nueva ley habilita la creación de “ART Mutuas”, lo que podría brindar un nuevo y jugoso negocios a la burocracia sindical. Por ello, Gerardo Martínez y Caló han sido entusiastas defensores de este proyecto, que se haría ley a la velocidad del rayo. Esta es la primera “conquista” de la CGT Balcarce.

La CGT Moyano y la CTA han convocado una movilización al Congreso. La “articulación parlamentaria” de Moyano con la cúpula de la UCR quedó colgada del pincel, porque los radicales votan la ley. Hay un proyecto de De Gennaro y otro de Recalde que ni siquiera serán considerados. De todos modos, los gobiernos de Binner y luego Bonfatti en Santa Fe aplican una ley de higiene y seguridad que instituyó las “comisiones mixtas” obrero-patronales de seguridad sin ningún resultado -porque no se constituyen o porque la patronal tiene poder de veto, y todo queda en la nada.

La nueva ley de ART debe ser rechazada por el movimiento obrero, como parte de una lucha de conjunto contra todo el régimen que rige desde los ’90. La clave del problema no es abordada por ningún proyecto: la constitución de comisiones obreras de salubridad y seguridad laboral electas por los trabajadores, bajo control de la asamblea que no dependa tampoco de los aparatos sindicales, sino que actúe brindando el programa de seguridad e higiene por el cual luchar.

El 24 movilicemos con todo, por este programa, ante la convocatoria de CTA y CGT. En todos los gremios, pero especialmente en el subte, la construcción o metalúrgicos (cuyos sindicatos no movilizan) impulsemos el debate en los cuerpos de delegados y la movilización entre los trabajadores.